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En 30 días no será, dice el mandatario morelense

Ofrece Graco Ramírez justicia a deudos de víctimas del crimen organizado
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 3 de noviembre de 2012, p. 24

Cuernavaca, Mor., 2 de noviembre. El gobernador del estado, el perredista Luis Graco Ramírez Garrido, pidió el beneficio de la duda a la población respecto a la seguridad y justicia en Morelos porque en 30 días de gobierno no acabará con la inseguridad que ha azotado a los morelenses durante los 12 años de administraciones panistas.

Tras hacer una guardia de honor en la ofrenda floral que se mantiene en memoria de las personas asesinadas en Morelos a causa del combate contra el crimen organizado y que está colocada frente a palacio de gobierno, el mandatario estatal se comprometió a hacer justicia a los padres de varios jóvenes muertos durante el sexenio del presidente Felipe Calderón.

Ante familiares de víctimas e integrantes de la Red por la Paz con Justicia y Dignidad, reiteró que se trabaja en las carpetas judiciales para que se haga justicia a esos padres, y no olvidar lo ocurrido en Morelos, para que no vuelva a suceder.

El pasado 22 de octubre el gobierno del estado y la Red por la Paz con Justicia y Dignidad anunciaron la elaboración de la Ley Integral de Atención a víctimas de Morelos, para lo cual contarán con la asesoría del juez español Baltazar Garzón.

El propósito, dijeron, es para castigar a los responsables de la muerte de miles de morelenses a consecuencia de la estrategia equivocada de combate contra el crimen organizado que implementó durante su sexenio el presidente Felipe Calderón.

Planea un memorial

El gobernador comentó que busca reconocer a los muertos del periodo calderonista y hacer un memorial para no olvidarlos.

Nayeli Sánchez Guevara de la Red por la Paz, ese 22 de octubre, pidió públicamente al mandatario estatal revisar los resultados del Plan Morelos Seguro y adecuarlo a las necesidades del estado, cuya premisa sea el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.

Además de luchar integralmente contra la vinculación de la clase política en la protección a la delincuencia organizada, con un castigo ejemplar a los funcionarios de todos los niveles que protejan a los diversos grupos del crimen organizado.