Desde los ocho años Otilia vivió en la calle tras la muerte de su madre y el maltrato de sus familiares. Ahora, con más de 30 años se dice sobreviviente; trabaja de limpiaparabrisas en las calles de Guadalajara, donde cada tercer día son detenidos y acusados de vender droga quienes se dedican a ello.

Fundadora de Amigos de Cruceros, agrupación de Jalisco, apuntó que la desintegración y la violencia familiar son los factores que “llevan a la calle a los morros” (menores de edad). El gobierno gasta millones de pesos en programas sociales, pero son contados los que están dirigidos a esa población, fracasan porque no son de largo plazo, no contemplan la educación de quienes somos como turistas pobres, porque somos extraños en nuestra tierra, no tenemos futuro, vivimos a la deriva, expuso.

Para las familias que viven en las calles de las grandes ciudades no hay derechos ni programas, son los olvidados (en alusión a la película de Luis Buñuel) del siglo XXI, aseveró Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia, en la conferencia de prensa en la que integrantes del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social (CIDES), Programa Niños de la Calle, El Caracol y Matraca demandaron al próximo gobierno un programa de inclusión social y respeto a los derechos humanos de las personas que viven en la calle.

En las calles de las ciudades, dijo, hay familias completas que han desarrollado sus estrategias para sobrevivir; su situación no es un deporte extremo, sino el único espacio que tienen ante la falta de oportunidades y se enfrentan a la limpieza social, acción que aumenta en cada cambio de gobierno y donde las mujeres son las más vulnerables.

Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para la Prevenir la Discriminación apuntó que 49 por ciento de la población considera que es legítimo solicitar el uso de la fuerza pública para limpiar las calles, incluso sin que quienes habitan y trabajan en ellas no hayan cometido ningún delito. Autoridades y ciudadanos creen que son personas sin derechos, por ello el Estado debe diseñar programas sociales que garanticen sus derechos.

En el país, puntualizó Alicia Vargas, directora del CIDES, se estima que hay poco más de 19 millones de personas que viven en la calle, pero los datos son escasos. Son ciudadanos explotados, violados, sin oportunidades, sujetos de la violencia de las autoridades, que –según ellos mismos describen– tienen como techo el cielo y como cama la banqueta.

Su situación, agregó Arturo Narváez, director de Matraca, demuestra cómo el modelo económico ha generado pobreza extrema, discriminación social y el abandono de políticas públicas para este sector e incluso se realizan campañas de no les des un peso, lo cual lleva a criminalizarlos por su condición social. Son ciudadanos que requieren de una estrategia pública socioeducativa para que paulatinamente dejen de vivir en la calle.

En Puebla, comentó Luis Enrique Hernández, director de El Caracol, 40 por ciento de las personas que vivían en las calles no eran originarias del estado, por lo que las autoridades iniciaron un programa de repatriación; en Acapulco, Guerrero, se instauraron patrullas ciudadanas, con lo cual las autoridades no son responsables directas de los operativos para retirar indigentes, vendedores ambulantes, limpiaparabrisas, etcétera.

Sociedad y autoridades deben reconocer que son personas que tienen derechos y que tenemos una deuda con ellos, porque no aparecieron ayer, concluyó.