Se afectaría el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, argumenta
Recrimina que el proceso esté en marcha, sin esperar cualquier recurso legal en contra
Martes 9 de octubre de 2012, p. 10
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó ayer el recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la determinación del Consejo General del Instituto Federal Electoral de destruir los paquetes electorales de los comicios del 2006 y de 2012, por considerar que afecta el derecho de acceso a la información.
En el documento presentado, de entrada se impugna que la resolución aprobada se haya comenzado a instrumentar de inmediato, sin esperar la resolución de recursos legales interpuestos.
A juicio del PRD, los procedimientos de destrucción en cada uno de las 300 juntas distritales donde se encuentran los materiales de 2012, y las 32 juntas locales en donde se concentran las boletas de 2006, comenzaron virtualmente el viernes pasado, sin que la decisión del Consejo General del IFE haya quedado firme mediante resolución del TEPJF.
Según el PRD, a pesar de que se hizo la petición como partido de acceder a las boletas de 2012, el IFE determinó, sin responder a la solicitud, pasar a la destrucción. La legislación establece que una vez concluido el proceso electoral, el instituto procederá a la destrucción de los materiales electorales, pero en este caso, dice el PRD, hubo una petición expresa.
El partido del sol azteca cuestiona la aprobación de los lineamientos porque, entre otros aspectos, es un rechazo al acceso a la información de las boletas de 2006 y de 2012. Consideraron que el IFE no justifica plenamente la negativa del acceso a esos materiales.
Más adelante subraya que con su determinación, en los hechos, el IFE violenta uno de los derechos humanos elementales, como es el acceso a la información pública.
Sin mencionar el fallo del TEPJF, que en 2006 ratificó la decisión del IFE de no aceptar el acceso a la paquetería electoral, el PRD considera que con esta decisión el indtituto violenta derechos constitucionales básicos e impide a la sociedad acceder a documentos públicos, lo cual se constituye en un agravio central, por el cual se apelan los lineamientos mencionados.
