El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, reconoció la debilidad del sistema penitenciario nacional, pero evitó comprometer su aval o rechazo al dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acerca de que 60 por ciento de las cárceles del país están controladas por internos.

Endosó la crisis carcelaria a la actuación de los gobiernos estatales, pese a que el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, de la CNDH, advierte que han empeorado las condiciones no sólo de los centros estatales y municipales, sino también en los federales.

Creo que, como todos los estudios que se hacen por esta comisión, tiene aspectos que se deben de evaluar y que son verda- deramente útiles para el análisis de la situación y caso por caso se tienen que ir analizando las medidas concretas que se tienen que llevar a cabo, dijo.

En la semana que concluye, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, señaló que las cárceles del país están reprobadas porque en 60 por ciento hay autogobiernos y cogobiernos; es decir: reos lidereados frecuentemente por integrantes del crimen organizado que mantienen control sobre la seguridad interna.

El ombudsman delineó la crisis penitenciaria en el país que se evidencia con el control de los reclusos de las llaves de las celdas; la imposición de castigos, la entrada de abogados y familiares, así como el cobro por protección y complicidades de funcionarios.

El responsable de la política del país comentó que conoce el informe de la CNDH y admitió que es indispensable fortalecer el sistema penitenciario.

Si bien desde la década pasada Gobernación delegó a la Secretaría de Seguridad Pública el control de las cárceles federales, Bucareli continúa como el eje coordinador de las políticas públicas en la materia desde su acción ejecutiva en el Consejo de Seguridad Nacional.

Poiré suele mencionar, cuando se le pregunta acerca de este tema, que durante la presente administración no se ha fugado ningún reo de prisiones federales; presume además que el gobierno calderonista ha hecho inversiones millonarias para llevar a la totalidad de los reos, procesados por delitos federales, a cárceles de ese nivel, e incluso a reos del fuero común, calificados como de alta peligrosidad.

Dijo que además de esa inversión, al día de hoy por lo menos 25 mil reos del ámbito federal ya están en penales federales, cuando al inicio de la administración eran menos de 6 mil, y se sigue avanzando rápidamente en esa consolidación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, aseveró.

Destacó que trabajan con las administraciones estatales para resolver los problemas en la gran mayoría de los penales de nuestro país, que son los administrados por el orden estatal.

Por ello, añadió, hemos ofrecido fondos y financiamiento accesible en materia de seguridad para la remodelación de las instalaciones.