El diagnóstico sobre la situación de las cárceles en el país, difunido el lunes por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), demuestra que las instituciones no han formalizado con la labor de reinserción social que supuestamente deben cumplir con los reos, afirmó José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN).

Tras su participación en el coloquio Globalización, crisis y más allá: por un México social –organizado por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México–, Cossío señaló que la falta de control del gobierno sobre los centros penitenciarios es un tema delicado, porque la reinserción social de los presos, compromiso del Estado, no se ha cumplido.

El magistrado celebró que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Rosendo Radilla haya elevado el tema del respeto a las garantías individuales a escala constitucional.

Se ha producido una creciente judicialización de los derechos humanos; es decir que si éstos no se cumplen, cada vez es más factible interponer amparos o juicios de inconstitucionalidad, de tal forma que se garantice el acceso a derechos básicos, como la educación y la salud.

El juicio de amparo, antes rígido e inaccesible, se ha flexibilizado y ha abierto nuevos cauces procesales. Tenemos buenas oportunidades y hay que aprovecharlas. Un litigio estratégico puede ayudar a eliminar la idea perversa de las normas programáticas, aseveró.