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El choque, cuando la policía los expulsó de una reserva natural

Desalojo de campesinos en Paraguay deja saldo de 18 muertos y 80 heridos
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Personal médico traslada a un hospital a un herido en el enfrentamiento en ParaguayFoto Ap
 
Periódico La Jornada
Sábado 16 de junio de 2012, p. 25

Asunción,15 de junio. Decenas de campesinos pobres del noreste de Paraguay fueron retirados por la fuerza de una reserva natural de propiedad privada, desatando un enfrentamiento entre policías y trabajadores que trataron de resistir el desalojo con armas de fuego y herramientas agrícolas.

El saldo de la refriega fue de 18 muertos, entre labriegos y policías, 80 heridos, así como un reclamo de la Cámara de Diputados, que exigió al presidente Fernando Lugo la destitución del ministro del Interior, Carlos Filizzola, bajo la advertencia de que si no procede a sacarlo, entonces los legisladores promoverán un juicio político contra el funcionario, que hoy mismo aseguró que no renunciará.

Los hechos ocurridos en la zona Curuguaty, 250 kilómetros al noreste de la capital, casi en la frontera con Brasil, constituyen el mayor incidente violento sucedido en varios años en Paraguay, relacionados con la tenencia de la tierra. Los cultivos de la región son principalmente de soya, pero también hay siembra ilegal de mariguana.

Lugo, sacerdote católico con licencia del Vaticano, llegó al poder en 2008 con una serie de promesas dirigidas a implantar un sistema político y económico más justo, que superara décadas de dominio autoritario y desigualdades extremas. Un ofrecimiento fue impulsar una reforma agraria que facilitara a campesinos tener sus parcelas, pero el proyecto se ha empantanado en el proceso de reforma de las instituciones vinculadas al campo.

Son campesinos humildes, dijo José Rodríguez, dirigente de la Liga Nacional de Carperos, que no se apegaron a la decisión de la organización de evitar la invasión de propiedades. Autoridades policiales señalaron la posibilidad de que los campesinos tengan apoyo de una organización guerrillera denominada Ejército del Pueblo Paraguayo, pero Filizzola lo consideró improbable.

Los trabajadores sin tierra que resistieron el desalojo argumentan de que el propietario, el empresario Blas Riquelme, es beneficiario del reparto ilegítimo ocurrido durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).