La tasa de mortalidad por homicidio de jóvenes de 15 a 17 años de edad casi se triplicó en los últimos cuatro años, al pasar de 5.3 a 14.4 casos por cada 100 mil habitantes, además de que dos terceras partes de los asesinatos con arma de fuego se cometen contra jóvenes en ese rango de edad, advirtió Juan Martín Pérez, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), quien destacó que 39 millones de menores son impactados por la violencia en el país.

En rueda de prensa, Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria; Edgardo Buscaglia, experto en seguridad y crimen organizado; Consuelo Morales, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, y Juan Martín Pérez advirtieron que la lucha contra el crimen organizado del gobierno de Felipe Calderón está asociada con mayor violencia, asesinatos, criminalización y desapariciones de niños y jóvenes.

Buscaglia advirtió que el gobierno federal debe implementar ya la Convención de Ginebra, que posee mecanismos para la protección de la población civil, pues con esta guerra no sólo viola sistemáticamente 44 de los 58 derechos humanos de los menores (considerados en 14 documentos de la ONU, incluida la Convención de los Niños), sino también los de la sociedad en su conjunto.

Al presentar el Mapa georreferencial sobre la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México, la Redim destacó que en el combate al crimen organizado se observa un alto número de homicidios dolosos en que las víctimas son menores de edad.

A nivel nacional, la tasa de mortalidad en la población menor de 18 años registró un incremento importante desde 2008, y en 2010 el promedio fue de 3.6 asesinatos por cada 100 mil habitantes, el más alto en la última década.

El último conteo del Redim, al 27 de marzo de 2012, arrojó 468 homicidios de niños, de los cuales 244 ocurrieron en 2011, es decir, 40 por ciento más que en 2010.

Según el mapa, los niveles de violencia contra menores de edad son mayores en el norte del país.

El padre Concha, Buscaglia y Morales coincidieron en que esos resultados son reflejo de un vacío institucional propio de estados débiles, y que la violencia que sufren niños y adolescentes no se puede solucionar desde una perspectiva familiar, porque es un asunto de interés público y por tanto deben participar las autoridades y la sociedad en conjunto.

Además de recriminar el papel de las autoridades, que han aumentado las penas contra los adolescentes, aun cuando la delincuencia organizada los usa como carne de cañón, exigieron al Ejecutivo la creación de un programa nacional para prevenir y atender la violencia contra ese grupo poblacional y crear un sistema de información oficial y público sobre el número, las características y la situación jurídica de los niños víctimas de la violencia, pues a la fecha no existe.