La Cámara de Diputados aprobó ayer la minuta del Senado con la ley contra el lavado de dinero, a partir de la cual –a pesar de la resistencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI)– se obligará a los notarios públicos a reportar a la Secretaría de Hacienda cualquier operación que realicen sus clientes equivalente a 8 mil salarios mínimos, monto que los legisladores priístas querían fijar en 16 mil.

Durante la discusión del dictamen, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN,) Carlos Pérez Cuevas, afirmó que subir el límite para estar obligado a hacer esos reportes es un intento de proteger a notarios públicos y delincuentes y promover el lavado de dinero, en lugar de atajarlo.

El dictamen, que modificó partes esenciales de la minuta –por lo cual fue devuelta al Senado, donde quedará congelada al menos hasta septiembre–, también suprimió la obligación de los bancos para crear archivos de sus clientes e investigarlos, así como la definición de que en la comisión del delito de lavado de dinero esos establecimientos tenían que ser sujetos obligados.

Este concepto, de acuerdo con el dictamen, resulta equívoco, ya que, en efecto, son ellos (los bancos) quienes por las actividades que realizan son vulnerables a las acciones del crimen organizado.

Una vez votado el dictamen en lo general, el priísta Arturo Zamora presentó un conjunto de reservas en lo particular, pero retiró la mayoría y dejó a consideración al pleno modificar tres incisos del artículo 17, sobre las obligaciones de notarios, y un transitorio para retrasar seis meses la entrada en vigor de las nuevas disposiciones.

En este caso, el citado artículo dispone que los notarios tendrán la obligación de dar aviso a Hacienda de la constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles, salvo los que se constituyan para respaldar algún crédito en favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda, cuando se realicen por un monto igual o superior a 8 mil 25 veces el salario mínimo.

Zamora, quien tiene la licencia para la notaría pública 16 en Zapopan, Jalisco, planteó que ese monto se duplicara.

Pérez Cuevas alegó que ese tema ya se había superado el viernes, cuando se concluyó la redacción del dictamen, y anunció que su grupo parlamentario abandonaría el salón. Ese lance obligó a un receso y a una negociación en la que Zamora terminó por allanarse.

La ley contra el lavado de dinero obliga a concesionarios de automóviles, botes o aeronaves; vendedores de joyas, relojes, piedras preciosas y obras de arte, así como a los centros de juegos con apuestas y sorteos a reportar las compras y operaciones superiores a 200 mil pesos.

También deben hacerlo las empresas dedicadas al blindaje de vehículos o bienes inmuebles cuando se trate de trabajos superiores a 300 mil pesos.

Desde la tribuna, la diputada Laura Itzel Castillo afirmó que entre 2007 y 2011, de 185 mil operaciones reportadas como inusuales por la unidad contra el lavado de dinero de la Secretaría de Hacienda, sólo se han aplicado 20 sentencias, esto es, 0.01 por ciento del total.

Esto refleja que debíamos emprender una reforma más amplia, que involucrara cambios al código penal, que queda intacto. Y porque lo que se plantea aquí es que sean los notarios, joyeros, corredores y ciudadanos los que denuncien y se pongan en medio entre el narcotráfico y las policías, resaltó.