Después de más de un año de trabajos, de consultas con instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales y expertos, está listo en el Senado el proyecto para crear la ley general de víctimas, un ordenamiento que obliga al Estado a respetar y proteger las garantías fundamentales de quienes han sufrido el embate del crimen organizado o han sufrido violaciones de derechos humanos.

El dictamen de ese proyecto de ley, que fue un compromiso del Congreso con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, se tiene planeado presentarlo ante el pleno el próximo martes. La nueva ley consta de 189 artículos y defiende el derecho de las víctimas a la reparación integral del daño, vía la asistencia jurídica, médica y económica y en general las condiciones necesarias para llevar una vida digna.

Incluye la obligación del Estado de buscar a las personas desaparecidas, así como la identificación de los cuerpos y restos y su inhumación, e incluye medidas de reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, honor y nombre ante la comunidad y el ofensor, disculpas públicas, actos conmemorativos y la construcción de monumentos públicos.

La legislación es reglamentaria de los artículos 17 y 20 constitucionales y contempla la creación de un sistema nacional de víctimas, máxima institución encargada de regular y supervisar planes, proyectos y políticas públicas para la protección, ayuda, asistencia, acceso a la justicia y reparación integral de las víctimas, en los tres niveles de gobierno.

Ese sistema lo conformarán las instituciones, entidades, organismos y demás autoridades, lo presidirá el Ejecutivo federal, pero participarán además los poderes Legislativo y Judicial, representantes de organizaciones de la sociedad civil especializados en la defensa de los derechos humanos, representantes de grupos de víctimas y el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Se crea un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, que se integrará con recursos presupuestales, otros obtenidos de la enajenación de bienes de la delincuencia e incluso donaciones y aportaciones de particulares.

Del mismo se financiarán las medidas que garanticen el acceso de las víctimas a instituciones educativas, cobertura plena de servicios de salud, incluida la hospitalización, cirugías y medicamentos, programas especiales de rehabilitación en salud física y mental, así como brindar alojamiento y alimentación a quienes lo requieran.