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Urge un sistema legal especializado
 
Periódico La Jornada
Viernes 30 de marzo de 2012, p. 13

Especialistas en derecho y criminología advirtieron que aun cuando se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, su correcta aplicación dependerá de la creación de un sistema legal especializado en la materia para salvaguardar los derechos humanos de los menores de edad que hayan violado la ley, pues apuntaron que nunca se podrá juzgar igual a un menor de edad que a un adulto.

Mónica González Contró, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especializada en derechos de los niños y adolescentes, señaló que esta ley intenta garantizar los derechos de los menores que entran en conflicto con la ley penal. Subrayó que la normativa entrará en vigor dos años después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Explicó que el sistema de justicia para adolescentes se aplica en menores de 12 a 18 años, pues se les reconoce un grado menor de responsabilidad que si fueran adultos. Esta ley contempla varias penas, indicó, trabajo comunitario, libertad vigilada, prohibición de ir a determinados lugares, e incluso internamiento de fines de semana. La última medida a la que debe recurrir el juez es al internamiento (que no debe ser en una cárcel para adultos) y sólo en caso de delitos graves.

Fernando Tenorio Tagle, criminólogo y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), agregó que si la propuesta con esta nueva ley es sancionar a una persona a partir de los 14 años y hasta los 18, pero con penas que no son equiparables a las de los adultos, podría ser una acción correcta, porque se castiga la infracción y no la condición que enfrenta el sujeto, pero si se aplica conforme a las actuales leyes de la delincuencia organizada, entonces no se tiene ningún beneficio. Será una cárcel de la infancia de máxima seguridad.

Guillermo Garduño, experto en seguridad nacional y profesor-investigador de la UAM, destacó que meter a la cárcel a menores de edad no solucionará nuestros problemas de inseguridad.

El problema radica, indicó, no en la pobreza y la desigualdad que enfrentan millones de jóvenes en el país, si no en que existe una persistente descomposición de la familia como unidad básica de la sociedad, y que tiene efectos devastadores.