El otro frente

los derechos de los usuarios de drogas

Con un saldo de 50 mil muertos y más de 30 mil desplazados, la guerra contra las drogas emprendida por el gobierno federal ha dejado otro saldo, pocas veces visible en la sociedad: los daños a la salud de los consumidores de drogas. De acuerdo con expertos y promotores de salud, cada día es más difícil brindar atención a grupos como los usuarios de drogas inyectables, para de esta manera evitar nuevas infecciones de VIH/sida.

Leonardo Bastida Aguilar

“Hace tres años, en un picadero, llegaron los soldados, comenzaron a sacar a la gente y esculcarla. Cuando fue mi turno les dije que hacía mi trabajo. El soldado me preguntó qué clase de trabajo hacía, le expliqué que era promotor de salud y llevaba jeringas nuevas a usuarios de drogas inyectables (UDI) para evitar infecciones de VIH/sida y hepatitis. Me dijo que lo que hacíamos era fomentar el consumo de drogas, que cómo era posible que les lleváramos el equipo hasta el espacio donde acudían los adictos a la heroína y se los facilitáramos. Yo le expliqué sobre los riesgos de compartir el equipo, que más de 90 por ciento de los UDI en Ciudad Juárez son positivos a hepatitis C. Me escuchó y se mostró en desacuerdo, comentó que él veía las cosas de otra manera y era que se fomentaba la adicción en los usuarios. Por fortuna, esa vez ya habíamos terminado y no hubo mayor problema”, relata Julián, promotor de salud en Ciudad Juárez, Chihuahua, de la organización civil Programa Compañeros.
Ex usuario de droga inyectable desde los 16 hasta los 23 años, Julián dijo que la situación es complicada porque antes los soldados, y ahora los policías federales, llegan a los picaderos y les quitan a los usuarios las jeringas nuevas. “Nosotros dejamos los contenedores con jeringas usadas con la leyenda ‘material infecto contagioso’ y de todos modos se lo llevan”, afirma.
Promotor de salud desde hace 6 años, al igual que sus compañeros del Programa, promueve el método de reducción de daños, el cual consiste en proporcionar jeringas nuevas a los consumidores de drogas inyectables, brindar información sobre qué partes del cuerpo son más seguras para inyectarse, cuidar que no se inyecten sobredosis, repartir condones e informar sobre opciones para rehabilitación, además de lavar las agujas y esterilizarlas. Por otro lado, brindan otros servicios mediante caravanas de salud que visitan los más de 40 picaderos existentes en la urbe fronteriza, como atención médica y sicológica y un programa de rehabilitación.
De acuerdo con Julián, cuando ocurren estos operativos se cometen muchos abusos con los adictos, pues los encarcelan entre 8 y 36 horas, además de representar un problema para los promotores de salud, quienes también son hostigados por la policía por el hecho de ser ex usuarios de drogas, aunque hasta el momento ninguno ha sido detenido.
Conocedor del ambiente que se vive en estos lugares a los que decenas de personas adictas acuden durante las 24 horas del día, la mayoría ubicados en colonias de alta marginalidad, Julián relata que un gran problema es tener que comprar otra vez el equipo decomisado por la policía municipal y federal –jeringas y contenedores– porque se reciben pocos apoyos económicos y los usuarios de drogas no tienen dinero, por lo que necesitan servicios gratuitos. “Casi todos están en condición de calle y no pueden cubrir el costo de un servicio médico”, recalca.
Otro hecho es que se han tenido que reforzar dispositivos de seguridad para acudir a los picaderos. “Siempre vamos acompañados y con identificaciones, además de tratar de no estar mucho tiempo en los espacios, así no ponemos en riesgo a nadie. Hay barreras pero buscamos cómo superarlas”, asegura.
“Desde el año pasado no recibimos apoyo por lo que tenemos que ver cómo aprovechar los recursos al máximo porque son pocos, ya que al ser una población estigmatizada están olvidados y requieren de mucha atención”. Sin embargo, afirma, el mayor problema es considerar a los usuarios como criminales, “dificulta mucho la labor”.

Las otras políticas
Coletta Youngers, de la Washington Office on Latin America, especialista en política de drogas, visitó México con motivo de la III Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Mexicana sobre Política de Drogas. En ese marco, comentó a Letra S que las políticas punitivas impulsadas por gobiernos como el de México muestran el miedo existente a realizar cambios en la materia, debido a que no hay un consenso en cuanto a la aplicación de las convenciones internacionales y cada quien las interpreta a su manera.
La analista de políticas de drogas en América Latina, agregó que con estas medidas de criminalización de los consumidores, los gobiernos no distinguen entre quiénes son usuarios ocasionales y quiénes han desarrollado adicción, lo cual impide impulsar nuevas estrategias de narcóticos.
Youngers consideró que entre los cambios a realizar en las políticas de drogas está el tratar el consumo de estas sustancias como un problema de salud pública y no como un delito, para lo cual se requiere descriminalizar el consumo mediante la eliminación de las sanciones penales por la posesión de drogas para uso personal, terminar con la estigmatización y marginalización de los usuarios, respetar sus derechos humanos, y ofrecer servicios de salud y tratamiento a quienes lo necesitan. Además, señaló la experta, se debe analizar la experiencia de Portugal, donde se implementaron estas medidas y se logró una reducción en el consumo de drogas entre jóvenes de 15 a 19 años, y en el número de casos de VIH/sida en usuarios de drogas, mientras que la policía enfocó sus esfuerzos a la lucha contra los narcotraficantes y no contra los consumidores.

No sólo en la frontera
Contrario a la idea común, el consumo de drogas inyectables está presente en todo el país, incluso en el Distrito Federal, asegura Raúl Espinosa, educador comunitario de la organización civil Irapuato Vive, con más de 10 años de trabajo en picaderos de Irapuato, Guanajuato, donde comenta, hay dos o tres de ellos con un flujo de población de más de 150 personas.
Ex usuario de droga que tiene VIH, Raúl, al igual que muchos otros mexicanos, migró a los Estados Unidos en la década de los ochenta, al estado de California. Allí comenzó a consumir drogas: mariguana, cocaína y después heroína. Al utilizar jeringas usadas para inyectarse droga contrajo el virus. Al conocer su estatus serológico, Raúl regresó a su ciudad natal, Celaya, sin embargo, sólo encontró ayuda en la vecina Irapuato. Allí se incorporó al programa de rehabilitación tras conocer que entre 15 y 20 por ciento de los beneficiarios de la organización Irapuato Vive se transmitieron el virus por el uso compartido de jeringas para consumir drogas. Así comenzó su labor de recolección de jeringas usadas y reparto de nuevas, el cual considera importante porque sólo entre adictos pueden comprender a fondo los problemas que les aquejan, como son el rechazo familiar, y la condena social. Asegura que desde 1989 comenzaron a trabajar en el método de reducción de daños, aunque no le llamaban así, ya que apenas se capacitaron en 2005 para aplicarlo, pero siempre han tratado de evitar nuevas infecciones de VIH mediante el cambio de jeringas usadas por nuevas, el reparto de condones e información sobre el virus.
Para Raúl, rehabilitado desde hace cuatro años, la línea del gobernador de la entidad, Carlos Oliva, es muy conservadora, por tanto, no hay apoyo para la lucha contra el VIH/sida y menos para prevenir transmisiones del virus por medio de jeringas contaminadas en el consumo de drogas, a pesar de que es una realidad. Prueba de esto es no contar con el apoyo de instituciones públicas para desechar los materiales recolectados en los picaderos, por lo que han buscado apoyo en laboratorios particulares que les permitan tirar el material usado sin ningún costo.
Por esta situación y el constante acoso por parte de la policía municipal del que son objeto, al detenerles y hacerles revisión de manera constante mientras realizan sus labores, Raúl considera que hay mucha discriminación en su contra. Sin embargo, la situación más grave se da en ciudades como Celaya o Querétaro, donde no hay programas especializados de rehabilitación o bien, ante el estigma existente, los usuarios de drogas prefieren buscar ayuda lejos de sus comunidades.
Ante este panorama, Programa Compañeros e Irapuato Vive, al igual que otras nueve organizaciones similares, conformaron la Red Mexicana de Reducción de Daños, con la finalidad de incidir en la elaboración de políticas públicas de atención a la población usuaria de drogas y erradicar la condena social existente alrededor del tema, fomentada, afirman, por el titular del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón, a través de su política de combate a las drogas. También buscan promover el acceso a los servicios de salud por parte de esa población marginada, prevenir infecciones, reducir daños, proporcionar tratamiento y rehabilitación. Otro elemento básico es respetar los derechos humanos de los usuarios.
Por otro lado, la Reunión de Alto Nivel Sobre el VIH/Sida de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada el pasado mes de junio en Nueva York, se propuso incrementar la atención a 50 por ciento de los usuarios de drogas con VIH de todo el mundo (3 millones de personas) para el año 2015, ya que actualmente sólo se atiende a 32 por ciento de la población.
Para María Elena Ramos, del Programa Compañeros, el problema más grave está en el ámbito social, donde se culpa a los consumidores de droga de la violencia exacerbada que se vive en las ciudades del país, hecho que se ha visto reflejado en los distintos ataques del crimen organizado a centros de rehabilitación, pues la opinión general era que “no se perdía nada” o que “muerto el perro, se acabó la rabia”.
Tanto para Julián como para Raúl, el apoyo a usuarios de drogas con VIH/sida y a los proyectos de prevención en los picaderos siempre ha sido escaso, por lo que su mayor preocupación es poder regresar a los picaderos semana tras semana y evitar la reutilización de agujas por parte de los consumidores, ya que la vía intravenosa es la forma más efectiva para transmitir el virus, incluso por encima de la vía sexual.