La discusión que inicia el próximo lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el derecho a la vida se antoja complicado porque el proyecto de sentencia elaborado por Fernando Franco no ha dejado satisfechos ni a los ministros que están por la validez de la norma que protege la vida desde la concepción ni a quienes piensan que los artículos impugnados son inconstitucionales.

Información obtenida en el máximo tribunal indica que el documento entregado por Franco a sus compañeros, en el cual propone invalidar las reformas aprobadas por los congresos de Baja California y San Luis Potosí, contiene contradicciones estructurales y no aborda temas torales, lo que presagia una intensa discusión del pleno y limita la posibilidad de lograr los ocho votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de las modificaciones en las referidas entidades federativas.

Ayer, los ministros comenzaron el análisis individual del documento con sus equipos de trabajo. Trascendió que hubo quienes cuestionaron la estructura del proyecto, aun cuando en términos generales están en favor de la invalidación de las reformas referidas.

Uno de los temas más controvertidos en el proyecto, trascendió, se refiere a que cuando la SCJN confirmó la legislación capitalina que despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación, concluyó que “México no está obligado a proteger la vida desde el momento de la concepción o en algún momento específico; (y) que no hay fundamento constitucional o internacional para un mandato de penalización en el caso de privación de la vida…” Si bien hay ministros que consideran que deben invalidarse las normas impugnadas, vía acción de inconstitucionalidad, sostienen que es falso que la Constitución mexicana no proteja el derecho a la vida. Tan se protege dicho derecho que el aborto está penalizado (en el Distrito Federal después de las 12 semanas de gestación); además de que hay otras consideraciones, como el hecho de que existe y se han dado casos de que los concebidos o no nacidos tienen derecho a heredar, siempre que nazcan vivos.

Además, señalaron que el análisis de Franco, a partir de la despenalización del aborto no es el más adecuado, ya que en ese asunto el pleno resolvió que los estados de la República pueden ampliar derechos (en este caso al concebido), pero no reducirlos; además de que el máximo tribunal reconoció que los estados están facultados para penalizar o no los delitos.

A partir de estas consideraciones se fortalecería la argumentación en favor de las reformas impugnadas y no el criterio del propio proyecto de dictamen que propone su invalidación.

En este contexto, se prevé que la discusión más intensa podría darse entre los ministros que están por la inconstitucionalidad de las reformas en Baja California y San Luis Potosí, y no entre quienes simplemente están en contra del proyecto.

Este tema es particularmente delicado y complicado, convinieron, porque de quedar vigentes las reformas prácticamente quedaría prohibido el aborto y con ello el derecho de las mujeres a la salud, a la salud reproductiva y al derecho a procrear; quedarían también prohibidos el uso de anticonceptivos (a excepción del condón) y de la píldora del día siguiente; la fecundación in vitro e incluso la donación de órganos de personas con muerte cerebral.

En este contexto el pleno tendrá que dilucidar qué pasará entre los derechos de la mujer –ya reconocidos explícitamente en su momento por la SCJN– y los del concebido, aun cuando éste no haya nacido y no tenga personalidad jurídica. Deberá discutir si hay colisión entre los derechos de la mujer y del concebido y, en su caso, de qué manera se pueden equiparar y armonizar, porque ningún derecho constitucional es absoluto.

Estas consideraciones complicarán la discusión, advirtieron funcionarios judiciales, y dificultarán que el proyecto de Franco sea aprobado con los ocho votos necesarios para invalidar los artículos impugnados.

Critican abogados el proyecto

A su vez, abogados constitucionalistas señalaron que el proyecto del ministro Fernando Franco revela un desprecio por la soberanía de los estados y un trato diferente al otorgado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal cuando se discutió el tema.

En conferencia de prensa, Ingrid Tapia y José Antonio Sánchez Barroso, quienes en ocasiones anteriores se han sumado a la discusión en torno al aborto defendiendo el derecho a la vida desde la concepción, acusaron a los ministros de perseguir una agenda ideológica, por lo que exigieron a la SCJN que sea congruente con sus propias determinaciones, pues el tema trasciende más allá de cualquier ideología, en referencia al fallo, el cual validó la despenalización del aborto en el Distrito Federal.

(Con información de Ariane Díaz)