En la primera sesión ordinaria del Senado, el martes 6 de septiembre, los grupos parlamentarios fijarán un posicionamiento sobre las declaraciones que hizo el ex presidente Vicente Fox sobre una ley de amnistía y una tregua con el crimen organizado.

Lo anterior fue acordado durante la reunión de la Junta de Coordinación Política, a la que asistieron José González Morfín (PAN), Manlio Fabio Beltrones (PRI), Carlos Navarrete (PRD), Arturo Escobar (PVEM) Dante Delgado (Movimiento Ciudadano, antes Convergencia) y Ricardo Monreal (PT).

Escobar dijo que el próximo martes cada grupo parlamentario hará un posicionamiento sobre la realidad que se vive hoy en el país en lo referente a casinos y juegos de apuesta.

A su vez, Monreal señaló que propuso tres puntos de acuerdo en la Junta de Coordinación Política: Los coordinadores estuvieron de acuerdo en el pronunciamiento ante las declaraciones del ex presidente Fox, porque son absurdas, es una declaración fuera de lugar y totalmente desproporcionada.

También, agregó el petista, propuse que la junta emita un pronunciamiento para que sean revocados todos los permisos en materia de casinos en el país y se revise la actuación de jueces y magistrados que han otorgado amparos para extender los mismos permisos y la creación de nuevos establecimientos.

Destacó: Creemos que la corrupción está enquistada en los poderes Ejecutivo y Judicial. De hecho, se ha comentado aquí que en Polanco hay centros de apuestas y juegos de azar prohibidos por la Constitución, bajo la protección de Gobernación.

En conferencia de prensa, el pevemista Escobar dijo que no se trata de condenar el sector de casinos o juegos de apuestas cuando están bien regularizados, porque genera empleos, paga impuestos; aquí hay que condenar tanto a la Secretaría de Gobernación como a las autoridades municipales, que permiten la operación de determinados establecimientos con permisos falsos o vencidos, y también están los amparos, que son tema del Poder Judicial.

Resaltó: Lo que es nuestra responsabilidad es que nos pongamos a trabajar en un ordenamiento legal que dé claridad y transparencia en cómo, cuándo, qué tipo de permisos puede utilizar este sector de los casinos para operar en el país. No hay que condenar a los casinos, sino a las autoridades que permiten que estos centros operen ilegalmente, concluyó.