Santiago, 19 de agosto. El ministro de Educación de Chile, Felipe Bulnes, aseguró hoy que el gobierno no cederá a la demanda estudiantil de establecer la educación gratuita en el país, un día después de que un cuarto de millón de personas marchó por el centro de esta capital y las principales ciudades del país para reiterar esa petición, planteada desde hace tres meses por las organizaciones de estudiantes y maestros.

Los sectores más acomodados no tienen por qué no pagar su acceso a la educación superior, dijo Bulnes al explicar que el financiamiento educativo a miembros de familias de mayores ingresos es una política incorrecta.

Reiteró que el gobierno del presidente Sebastián Piñera considera necesario avanzar hacia el fortalecimiento de un sistema de becas que favorezca a los sectores más vulnerables de la población.

Para la clase media, agregó, puede haber un sistema combinado de becas y créditos.

Con el fin de impulsar una solución al conflicto, el presidente del Senado, Guido Girardi, y el vicepresidente, Juan Pablo Letelier, presentaron un proyecto de reforma constitucional para instaurar el plebiscito como elemento de consulta para temas relevantes.

La propuesta fue rechazada por políticos del ala más conservadora del gobierno. El ex pinochetista Pablo Longueira, ministro de Economía, afirmó que los plebiscitos destruyen la democracia.

No me gustan los plebiscitos porque creo en la democracia. Mire como está Latinoamérica con los plebiscitos, así se destruye la democracia; yo creo en la democracia, en la participación ciudadana y en el país, indicó. Los plebiscitos son el camino para los personalismos, la demagogia, el populismo y el caudillismo, agregó.

En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó en Washington haber denunciado el 7 de agosto al Estado chileno ante la Corte Interamericana con sede en San José, Costa Rica, por el caso de varios líderes indigenas que fueron condenados por actos terroristas.

Ocho mapuches, etnia que reclama la posesión ancestral de tierras, fueron procesados en aplicación de una normativa penal contraria al principio de legalidad, con una serie de irregularidades que afectaron el debido proceso y tomando en consideración su origen étnico de manera injustificada y discriminatoria, aseguró la CIDH en un comunicado.