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Los invasores habían construido unas 60 viviendas en el terreno Tabla de los Ranchos

Elementos de la SSP y PGJDF desalojan predio de conservación en Tláhuac

No hubo enfrentamientos ni se detuvo a nadie; se repartieron citatorios por delitos ambientales

 
Periódico La Jornada
Domingo 3 de julio de 2011, p. 36

Elementos de la Procuraduría General de Justicia (PGJDF) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-DF), ambas del Distrito Federal, desalojaron un predio de conservación, ubicado en la colonia Selene, en la delegación Tláhuac, en el cual se construyeron viviendas de manera ilegal.

Luego de una denuncia ciudadana, la Fiscalía de Delitos Ambientales de la PGJDF preparó el dispositivo policial para recuperar el terreno, conocido como Tabla de los Ranchos, localizado entre las calles Stanislao Ramírez y Mar de la Fecundidad, con una extensión de más de 400 mil metros cuadrados.

Se pidió el apoyo de la SSP-DF para garantizar la liberación del terreno sin violencia y ante eventuales detenciones de personas que se hubieran negado a salir del predio luego de que fueran notificadas de que que se trataba de suelo de conservación, se informó en un comunicado.

En el lugar, se informó, se habían construido ya 61 viviendas precarias, de las cuales 15 ya estaban ocupadas, además de que otras 19 se encontraban en proceso de edificación; asimismo, en el centro del predio se localizó un campamento en el que había más de 30 personas.

Según la dependencia, no fue necesario hacer uso de la fuerza, pues los invasores se retiraron sin oponer resistencia, motivo por el cual no hubo detenidos; sin embargo, horas después de que las autoridades se habían ido de la zona, un grupo de las personas que habían sido desalojadas regresaron de nuevo al lugar, por lo que de nueva cuenta se les tuvo que pedir que abandonaran el predio, sólo que esta vez se les entregó un citatorio como indiciados por delitos ambientales.

El fiscal en la materia de la PGJDF, Samuel Ibarra Vargas, señaló que la ocupación o invasión de suelo de conservación, áreas naturales protegidas, verdes, de valor ambiental o barrancas, tiene una pena que va de los tres a los nueve años años de prisión, y en el caso de los líderes de los grupos invasores se les aplica una mitad más, es decir, agregó, se trata de ilícitos graves que no alcanzan el beneficio de la fianza.