La Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal detectó diversas irregularidades en la adjudicación de contratos de obra que por más de 90 millones de pesos realizó la Secretaría de Obras de esta ciudad, durante el ejercicio fiscal 2009.

De acuerdo con la auditoría financiera realizada por el órgano fiscalizador de la ALDF, y entregada en días recientes a los diputados locales, se confirmó que en dichos procesos de adjudicación se rebasaron montos de actuación, se integraron expedientes incompletos y en varios casos no se realizaron estudios de mercado para tener las mejores condiciones de precio y calidad, lo cual implica una violación a normas como el Código Fiscal y la Ley de Adquisiciones, ambas del DF.

El documento de la Contaduría, integrado por 100 hojas, detalló que la revisión de las finanzas de la Secretaría de Obras se enfocó en dos partidas del capítulo 3000, Subrogaciones (3211) y Servicios a largo plazo (3906), rubros en los que se ejercieron en conjunto mil 451.6 millones de pesos, en 2009, año en que encabezaron esa dependencia Jorge Arganis (de enero a julio) y Fernando Aboitiz (de agosto a la fecha).

Como argumento de por qué analizó ese capítulo, la contaduría aseguró que se seleccionó por estar propenso a desperdicio, irregularidades, ineficiencia o incumplimiento de objetivos y metas, como se ha observado en auditorías de ejercicios anteriores a este sujeto fiscalizado.

Puntualizó que en la revisión que se hizo a nueve contratos de adjudicación directa y en otras siete contrataciones que se formalizaron mediante un acta circunstanciada de reconocimiento de la prestación de servicios, y que implicaron pagos por 90 millones 337 mil pesos, se rebasaron los montos máximos de actuación, es decir, los límites presupuestales autorizados para la compra de un bien o servicio.

Un ejemplo es el contrato establecido con la empresa Semex SA de CV, por un monto de 30 millones de pesos, cuando el monto máximo de actuación era de 400 mil pesos. Igual situación se dio con la Empresa de Estudios Económicos y de Ingeniería, a la que con un límite similar se le pagaron más de 10 millones de pesos.

La contaduría continúa adelante con el proceso de revisión de esos contratos para determinar responsabilidades.