Por decisión de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Durango fueron enviados a la fosa común más de 90 de los 240 cuerpos hallados en fosas clandestinas en mayo pasado, de los cuales sólo se han identificado a tres.

Funcionarios federales revelaron que los peritos locales no han trabajado en la obtención de muestras genéticas de los restos, lo que representa otra causa de atraso para el trabajo de los peritos de la Procuraduría General de la República (PGR), ya que a principios de mayo, cuando sumaban más de 200 los restos, más de 100 fueron exhumados sin aplicar protocolos criminalísticos ni forenses, y las autoridades locales extrajeron los cadáveres con trascabos, lo que provocó daños a las osamentas.

De acuerdo con información proporcionada por funcionarios de Durango y federales que asistieron a la 25 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la inhumación de los restos se realizó en dos acciones y suman 96 los cuerpos enviados a la fosa común.

Esos restos fueron encontrados en más de 10 fosas clandestinas y, según indicios de autoridades federales, como Marisela Morales Ibáñez, titular de la PGR, estas 240 muertes podrían estar relacionadas con una disputa entre integrantes del cártel de Sinaloa que operan en Durango.

Lo que está ocurriendo en Durango es que sí hay una pugna interna, donde se están matando entre ellos; se están ya dividiendo, señaló la procuradora.

Respecto de las fosas clandestinas, en reunión con reporteros señaló que la PGR coadyuva con la procuraduría del estado respecto de los dictámenes periciales de ADN para poder tomar muestras, ya que son hasta ahora (el pasado martes) 236 cuerpos y una cabeza.

Agregó que hay más dificultad para identificar los cuerpos porque tienen mucho tiempo de estar en las fosas, además de que en un principio no se cuidó la forma en que se exhumaron y eso dificulta su identificación.