Las etnias de Guanajuato lograron, después de 10 años, que el Poder Legislativo estatal aprobara la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Habitantes de los municipios de Victoria y Tierra Blanca impulsaron una iniciativa en el año 2000, y durante el sexenio pasado (2000-2006), el entonces gobernador Juan Carlos Romero Hicks rechazó apoyarla por considerar que las normas existentes cubrían las necesidades de las etnias.

El Congreso de Guanajuato aprobó la ley indígena por unanimidad este martes, a partir de una propuesta de los ayuntamientos de Tierra Blanca y Victoria, los de mayor presencia de pueblos originarios en la entidad. Las nuevas normas obligan a las autoridades a promover la igualdad de oportunidades para los indígenas, así como eliminar cualquier práctica discriminatoria.

Asimsimo se prevé el derecho de las etnias de la entidad a ejercer su autonomía, asociarse, tener un territorio, recibir educación en español y en su lengua, tener acceso a la salud, proteger su medio ambiente, vivir conforme a sus tradiciones, preservar su idioma, obtener acceso a la justicia y a ser consultados para la aplicación de planes de desarrollo, entre otros puntos.

Casi 40 mil indígenas viven en al menos 85 comunidades de los municipios de San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Tierra Blanca, Victoria, Dolores Hidalgo, y en localidades del llamado corredor industrial, principalmente en León.

Guanajuato estaba perdiendo hasta 120 millones de pesos de recursos federales al año por no contar con una ley para los pueblos autóctonos, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

El gobierno federal destina hasta 20 millones de pesos a cada municipio con población indígena; el único requisito es que 40 por ciento hable su lengua o tenga reconocimiento legal, señaló el delegado de la CDI Región Querétaro-Guanajuato, Aurelio Sigala Páez, al final de la sesión.

Mientras, estudiantes de diversaos grupos étnicos tomaron ayer las instalaciones de la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) en la comunidad de Mochicachui, municipio de El Fuerte, y en la ciudad de Los Mochis, cabecera municipal de Ahome, para exigir la destitución del rector Guadalupe Camargo Orduño, a quien acusaron de malos tratos y discriminación, de haber sido impuesto por el gobierno estatal y de no resolver los problemas académicos de esa institución.

Los inconformes aseguraron que el nombramiento del rector violó la autonomía universitaria, pues no se tomó en cuenta a la junta directiva.

La UAIM, creada durante el gobierno de Juan Millán Lizárraga (1999-2004), tiene estudiantes de 15 etnias diferentes de Sinaloa, Sonora, Oaxaca, Guerrero y Chiapas.