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El IFE no acató la decisión del tribunal electoral, sostiene

Presenta el PRI otro recurso por los mensajes de Calderón

Citó a la consejería jurídica en lugar del jefe del Ejecutivo, señala

 
Periódico La Jornada
Viernes 11 de febrero de 2011, p. 21

Inconforme con la nueva resolución del Instituto Federal Electoral (IFE) respecto de su queja contra el presidente Felipe Calderón por la difusión de mensajes del gobierno federal en entidades donde había comicios en 2010, violando con esa acción la ley, el PRI interpuso otro recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El PRI acusa al IFE por no acatar la resolución de los magistrados, que ordenaron citar directamente a Calderón, y por exculpar a la Secretaría de Gobernación de responsabilidad alguna en la difusión de los anuncios.

En el documento, el PRI señala que en su resolución el TEPJF –al devolver el expediente– ordenó al IFE citar a Calderón –independientemente de que éste podría delegar su representación en la consejería jurídica–, pero no lo emplazó directamente. El IFE, apartándose de la sentencia, emplazó directamente a la consejería jurídica de la Presidencia con el consiguiente desacato liso y llano a una orden de la autoridad jurisdiccional que en materia electoral tiene la última palabra.

La inconformidad priísta no se refiere sólo a los aspectos procedimentales de la decisión del Consejo General del IFE, sino al fondo de la misma, pues solamente se amonestó a algunos medios de comunicación y se excluyó de considerar fundado el recurso acerca del papel de la Secretaría de Gobernación.

Según el IFE, esta dependencia cumplió con notificar a los concesionarios que los mensajes no deberían verse en aquellas entidades donde había elecciones locales en marcha.

Sin embargo, para el PRI, en las obligaciones de Gobernación, en especial de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, si bien es cierto que los concesionarios que transmitieron los mensajes (que fueron amonestados) en el presente asunto, también lo es que Gobernación no realizó las acciones necesarias ni suficientes para evitar la transmisión de propaganda gubernamental en las entidades con proceso electoral en periodo prohibido. Por tanto, dadas las características de su difusión, se debe sancionar esta responsabilidad.