urante los episodios de la última etapa de la crisis mundial, el gobierno español ha tenido que enfrentar las presiones de grandes inversionistas expresadas en costos crecientes para refinanciar su deuda. A los bancos y las cajas españolas los mercados les trataron más duro: no sólo se incrementó la tasa de interés que les exigían para aceptar sus emisiones, sino que para ciertas entidades los fondos simplemente se negaron. De poco valor para esos inversionistas fueron las pruebas de esfuerzo que realizó a las instituciones financieras el Banco de España. La deuda española, pública pero más aún la privada, durante 2010 se encareció sensiblemente.
En España, además, existe un gravísimo problema que empeorará la situación de la cartera de crédito de bancos y cajas: el desempleo, al cierre de 2010 hubo 4 millones 696 mil 600 personas en paro, 20.33 por ciento. Entre los jóvenes de hasta 25 años de edad el paro llega a 42.8 por ciento. Los hogares con todos sus integrantes en paro fueron un millón 328 mil. La economía, por su parte, según las últimas estimaciones habría caído 0.2 por ciento. El desolador panorama se complica cuando se escucha a Rodríguez Zapatero decir que hasta el segundo semestre se creará empleo y será moderadamente.
Los bancos y las cajas de ahorro españolas volcaron su actividad crediticia hacia el sector inmobiliario. Dieron crédito a los que planearon desarrollos habitacionales, luego a los que los ejecutaron, después a quienes compraban cada una de las viviendas, locales comerciales, bodegas, plantas industriales, etcétera. Para poder hacerlo, requirieron recursos financieros crecientes, los que obtuvieron a través de grandes emisiones de papel que colocaron en el mercado europeo. Así que para prestar, pidieron prestado. Esto es normal en la práctica bancaria. Es razonable cuando el costo que cobran por prestar es mayor que el que pagan a los que les prestaron. El problema fue que les prestaron a corto plazo y ellos dieron crédito a largo plazo.
Cuando estalló la burbuja inmobiliaria estadunidense, en el mundo entero se paralizó el sector inmobiliario. Los que le prestaron a los bancos trataron de recuperar sus condiciones de liquidez, vendiendo las obligaciones bancarias españolas. Esto castigó el valor de esos papeles, dificultando que a su vencimiento se colocaran nuevas emisiones a tasas y plazos cómodos. Los mercados
demandaban que estas instituciones revelaran su grado de exposición al riesgo inmobiliario y que, además, llevaran a resultados la cartera vencida y que los inmuebles adjudicados se registraran a precios de mercado.
Esto obligó al gobierno español a plantear que las cajas tendrían que cumplir con un nivel mínimo de capital de 10 por ciento, lo que supera las exigencias de Basilea III. La razón es clara: la situación financiera de esas entidades está muy comprometida y hacerlas solventes requiere una fuerte inyección de capital. El gobierno anunció que dispondría de 20 mil millones de euros para capitalizar las que fallaran. Capitalizar empresas con problemas es difícil. Alguien escribió que se estaba regalando a voraces
bancos extranjeros el sector financiero español. ¿Habrán pensado lo mismo cuando bancos españoles compraron bancos mexicanos después de la crisis de 1994-95?
El gobierno español acaba de hacer públicos los datos de la cartera crediticia de las cajas. El cuadro es peor de lo esperado: su exposición inmobiliaria es muy alta, la cobertura por ese riesgo no llega a la tercera parte, la cartera vencida llega a 18 por ciento, los inmuebles adjudicados son elevados. En resumen tienen una cartera problemática de 11 por ciento. Suficiente para quebrar. Así que si había problemas para encontrar capital, ahora hay más dificultades.
Con niveles de desempleo tan altos es probable que el deterioro crediticio continúe. La situación financiera española se complicará. Por fortuna para ellos, las filiales mexicanas de bancos españoles se han encargado de contribuir con utilidades cuantiosas para que ellos puedan enfrentar las dificultades de su mercado.
