La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó con amonestación pública e inhabilitación a 12 servidores públicos de Pemex Petroquímica (PP) por manipular la asignación de contratos a tres empresas por un monto de 38.9 millones de pesos, de un total de 60 millones de pesos destinados a reparar el complejo petroquímico (CP) Escolin, en Poza Rica, Veracruz, dañado por el paso del huracán Dean, en agosto de 2007.

Sólo dos funcionarios fueron destituidos e inhabilitados por tres y cinco años; seis con amonestación pública (considerada una sanción de no gravedad), y cuatro suspendidos por seis y tres meses en sus labores, tres resultaron beneficiados por una orden judicial para evitar la sanción de la SFP.

A ninguno se le impuso sanción económica, porque las obras contratadas fueron ejecutadas y no se acredita daño al patrimonio de la subsidiaria de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La SFP tampoco procedió penalmente contra los servidores públicos, a pesar de que comprobó que actuaron con parcialidad y favoritismo para beneficiar a las empresas en la adjudicación directa de seis contratos por un monto de 60 millones de pesos.

Aunado a ello se detectó que los funcionarios usaron como pretexto el paso del huracán Dean, en agosto de 2007, para ejercer recursos sin necesidad de licitación en obras que no fueron afectadas por el huracán.

El 67 por ciento del monto total destinado a las obras se adjudicó a las empresas Grupo Constructor y Comercializadora del Golfo (Grucogsa), Arrendamientos y Servicios Integrales del Golfo (Asigsa) y Sugey Marbella Barrera Hernández, las cuales se hacían pasar por compañías ajenas e independientes, cuando en realidad los socios tienen lazos familiares y comparten el mismo domicilio fiscal, maquinaria y personal. Aunado a ello, las empresas carecían de capacidades técnica y financiera para dar el servicio contratado.

La sanción que la SFP le impuso a cada una asciende a una multa de 783 mil 835 pesos –aunque la dependencia precisó que en el caso de Sugey Barrera, la sanción está en proceso–, además que se les inhabilitó por dos años y seis meses para participar en cualquier licitación del gobierno federal.

La otra empresa sancionada de la misma forma que las anteriores es Ochoa Artezan Corporación Industrial, la cual presentó información falsa para acreditar que tenía capacidad financiera. A esta empresa se le adjudicaron contratos por 4.8 millones de pesos.

Otra empresa involucrada es Corporación Industrial y Flor Soto Tapia, la cual no fue sancionada por la SFP, debido a que no mintió en la información proporcionada, pues manifestó no tener experiencia. Pese a ello, los servidores públicos le adjudicaron contratos por 6.06 millones de pesos.