La Paz, 27 de diciembre. Las principales ciudades de Bolivia quedaron semiparalizadas por un paro indefinido de transportistas en rechazo a la inesperada alza de hasta 83 por ciento en el precio de los combustibles anunciada la víspera por el vicepresidente Álvaro García, cuya justificación fue poner fin a un viejo régimen de subsidio que sangraba las finanzas públicas y estimulaba el contrabando a países vecinos.

El transporte público era escaso y el poco que prestaba servicio urbano y a larga distancia impuso de forma unilateral aumentos de precios de hasta 100 por ciento. La primera protesta contra el gasolinazo no logró afectar las exportaciones minerales y de gas natural, vitales, toda vez que generan más de dos tercios de las divisas de la economía boliviana.

Se prevé que mañana los dirigentes del transporte habrán de tomar nuevas medidas para neutralizar el ajuste, señaló la Confederación de Choferes de Bolivia. Aquí no sólo el transporte es el afectado, esto va a perjudicar a toda la ciudadanía, porque van a subir los precios, expresó Franklin Durán, líder de dicha organización, la cual aglutina a unos 175 mil afiliados en todo el país.

Aseveró que la huelga durará indefinidamente, hasta que el gobierno apruebe un alza a las tarifas de transporte.

Para Félix Patzi, ex aliado de Morales y ahora dirigente opositor, no se puede creer que siendo un gobierno legítimo, el más votado en la historia del país, haga esto y actúe como los gobiernos neoliberales.

Frente a la manifestación de rechazo, el gobierno sólo se mostró dispuesto a dialogar con los transportistas y la Central Obrera Boliviana (COB), la cual convocó para mañana a una reunión nacional para analizar nuevas acciones. El gobierno tiene que hacer una abrogación de ese decreto criminal, que va a matar de hambre a los que no tienen trabajo, a la gente pobre del campo, declaró el dirigente de la COB, Pedro Montes.

Por su parte, el propio presidente Evo Morales expresó que la nivelación de precios “es para que no haya una sangría de la economía nacional; al margen de la subvención, hay un contrabando de combustible por el que cada año se van 150 millones al exterior.

No todos los cambios gustan, especialmente cuando afectan el bolsillo de la gente, pero hemos tomado medidas paliativas y es importante que la gente entienda que no estamos en crisis, sino que es un buen momento económico para que los efectos no se sientan, enfatizó Luis Arce, ministro de Economía, a una radiodifusora local.

Entre los paliativos está el congelamiento de las tarifas de agua potable, electricidad y telefonía, y la fijación de un aumento salarial para el sector público que compensará la inflación de 2010 y la previsiblemente fuerte alza de precios de enero próximo.

El aumento de precios provocado por la nivelación de combustibles podría aproximarse a 20 y máximo 25 por ciento, calculó el funcionario al destacar que, en cambio, el Estado se ahorrará una subvención a los combustibles que duró más de una década y que ascendió a 380 millones de dólares en 2010. Otra cifra, proporcionada por el banco central, señala que se adeudan 271.9 millones de dólares a Venezuela por la compra de hidrocarburos en años recientes.