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Violentó el derecho de inconformes a una justicia expedita, considera

Emplaza el TEDF al PRD a resolver queja contra el proceso de afiliación
 
Periódico La Jornada
Jueves 30 de septiembre de 2010, p. 40

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del PRD (CNGV) resolver en un plazo de 20 días una queja en contra del proceso de refrendo y afiliación que ese partido comenzó el 5 de mayo pasado.

A casi cuatro meses de que fue interpuesto el recurso ante el órgano partidario jurisdiccional apenas se había emitido el acuerdo para dar entrada a la queja, por lo que los magistrados consideraron que se violentó el derecho de los quejosos a una justicia pronta y expedita.

Al resolver el juicio se desechó, sin embargo, la petición de los militantes Luis Álvaro López Trinidad y Carlos Enrique Estrada Meraz contra el inicio, continuidad, desarrollo y operación de la campaña, por considerar que debe concluirse el procedimiento en la CNGV.

En la queja se advierte que el esquema de la campaña impone a los militantes y simpatizantes un filtro imposible al instalar módulos que sólo tienen capacidad para producir 50 credenciales al día, lo que anula la posibilidad de miles de militantes de refrendar su afiliación, y a otros ciudadanos, de afiliarse.

La resolución ordena a la CNGV que a partir de la notificación de la sentencia, en un plazo de 20 días, realice las diligencias conducentes: desahogar las pruebas admitidas, recibir alegatos, etcétera. Es decir, realizar los actos necesarios para poner el asunto en estado de resolución y emitir lo que en derecho proceda.

En otro tema, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) aprobó el reglamento que deberán observar las fórmulas registradas para la elección de comités ciudadanos y consejos de los pueblos durante el periodo de campañas que empezará el próximo 7 de octubre y concluirá tres días antes de la jornada electiva del 24.

Los consejeros resaltaron la prohibición a funcionarios públicos de participar apoyando de alguna manera a cualquier fórmula o a sus integrantes, lo mismo que los partidos y organizaciones civiles o religiosas.