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Director admite errores; la doctora que atendió el parto, prófuga

Investigan a 12 empleados de hospital en Tulancingo por muerte de un bebé
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 13 de agosto de 2010, p. 31

Pachuca, Hgo., 12 de agosto. La Procuraduría General de Justicia del estado investiga a 12 personas relacionadas con el caso de Gabriela Guadalupe Hernández, quien nació viva pero fue declarada muerta por empleados del hospital de Tulancingo, informó el procurador José Alberto Rodríguez Calderón.

Adolfo Martínez Licona y Ernesto González Hernández fueron destituidos respectivamente de la dirección y la subdirección del centro de salud donde se realizó el trabajo de parto urgente, luego que Dafne Marisol Hernández Trejo llegó con un embarazo de 24 semanas, sangrado y pérdida de líquido amniótico .

Jenny Denisse Gijop Heredia, responsable directa del trabajo de parto, aún es buscada por la policía estatal, indicó Rodríguez Calderón.

Mario Alberto Tenorio Pastrana, nuevo director del hospital, dependiente de la Secretaría de Salud estatal, pidió no satanizar al hospital, donde se practican alrededor de 2 mil partos al año, aunque reconoció que en el parto de de Dafne Marisol Hernández hubo irregularidades en el cumplimiento del protocolo médico.

La mañana del miércoles 3 de agosto se realizó a la paciente una intervención quirúrgica de urgencia, a pesar de que el producto (una niña) tenía apenas 24 semanas de gestación. La bebé prematura fue declarada muerta y se extendió el certificado de defunción.

La recién nacida permaneció 13 horas en el anfiteatro y luego fue entregada a sus padres, quienes al colocarla en el ataúd se dieron cuenta que estaba viva. De inmediato la llevaron a un hospital particular, donde ya no pudieron salvarla. La pequeña, bautizada como Gabriela Guadalupe, murió 24 horas más tarde.

Si se determina que Gijop Heredia incurrió en responsabilidad profesional purgaría una pena de entre seis meses y cinco años de prisión y perdería su cédula profesional, pero si se le acusa por homicidio, la pena sería de 10 a 30 años de cárcel y pagaría una multa de entre 100 y 300 días de salarios mínimos.