Roma, 13 de julio. Un revés importante tuvo hoy la polémica iniciativa de prensa conocida en Italia como ley mordaza, tras el pronunciamiento de Frank La Rue, experto de la ONU, quien declaró que la iniciativa, que entre otras medidas pretende limitar la publicación de las intervenciones telefónicas, constituye una amenaza a la libertad de expresión.

La presión de medios de comunicación, editores y periodistas no se hizo esperar después de la aprobación en el Senado, el pasado 10 de junio, de la nueva iniciativa que limita las escuchas telefónicas en las investigaciones judiciales y policiales y castiga incluso con cárcel a los periodistas que publiquen su contenido.

Una insólita huelga de medios se llevó a cabo el 9 de julio, lo que provocó que un día después el país amaneciera sin los principales periódicos, sin noticieros de radio y televisión y sin actualizaciones en los portales de Internet, en lo que fue conocido como la jornada del silencio.

Las manifestaciones de editores y periodistas no han parado. Este miércoles 14 se prevé una asamblea de la mesa de redacción del periódico de izquierda Il Manifesto frente al parlamento.

El pronunciamiento de la ONU probablemente logre que los legisladores modifiquen, aunque no en lo sustancial, parte de las medidas impulsadas por el primer ministro Silvio Berlusconi, quien pretende empujar la aprobación en la Cámara de Diputados el próximo 29 de julio, de tal manera que se estaría votando la primera semana de agosto, en pleno periodo vacacional, con el fin de que se opaque cualquier reacción social y en septiembre, cuando todos regresen a sus actividades, se encuentren con la nueva ley vigente.

La limitación a publicar en medios intervenciones telefónicas es presentada como una defensa a la vida privada de los individuos, pero en realidad, señala el periodista y videoasta Federico Mariani, “fue gracias a una grabación telefónica que supimos que la noche del terremoto en L’Aquila dos empresarios de la construcción se divertían por las oportunidades que se presentarían para su negocio durante la reconstrucción. Ellos reían cuando los cadáveres de más de 300 habitantes todavía se encontraban entre los escombros”.

Otro caso esclarecido a través de reportes telefónicos fue el asesinato del joven Stefano Cucchi, quien oficialmente, según el informe médico del hospital, falleció de un paro cardiaco después de ser detenido por los carabineros, pero en realidad fue torturado y golpeado hasta fracturarle tres vértebras y murió como un perro, sin atención médica.

Un ejemplo más, cita Mariani, de lo que se ha logrado saber a través de la publicación oportuna de las escuchas telefónicas es que el ministro Scagliola es propietario de un departamento frente al Coliseo y declaró que alguien a escondidas le pagó las tres cuartas partes de la casa. Ese alguien es un constructor que recibe encargos oficiales del gobierno para construir obras. Los periódicos italianos publicaron un listado con decenas de nombres de políticos que viven en casas financiadas por él.

El grado de corrupción que se vive en Italia, quizás el más alto en su historia reciente, ha podido ventilarse gracias a la publicación de una enorme cantidad de grabaciones judiciales. Nada de eso se hubiera conocido con la ley mordaza, insiste el camarógrafo y activista Federico Mariani, y ése es el motivo real de la iniciativa. Uno de los escándalos de corrupción más recientes fue el protagonizado por el brazo derecho de Berlusconi, Dell’utri, un hombre cercano al primer ministro desde los años 70 y condenado a siete años de cárcel por cooperación externa con la mafia.

Otro escándalo sonado, por el que también se impulsa desde el gobierno la aprobación de la ley, es el de la prostituta Patricia D’Addario y la publicación en los periódicos de las grabaciones que ella hizo en la casa de Il Cavaliere.

La ley en espera de ser ratificada en la Cámara baja afecta directamente a las herramientas de investigación de jueces y policías, en lo concerniente a las intervenciónes de llamadas telefónicas y escuchas con micrófonos. La ley, dice Mariani, regula con mecanismos muy complicados la solicitud de permisos y las autorizaciones para que se lleven a cabo las escuchas. Hay que tomar en cuenta que ya existen reglas que facilitan el trabajo de los investigadores, pero la ley complica este trabajo con límites temporales y burocráticos. Por ejemplo, un juez pone bajo control el teléfono de un empresario sospechoso de fraude al Estado y puede escuchar por 75 días; si el día 74 halla una noticia de otro crimen, por ejemplo de colaboración con grupo mafioso, tendrá sólo tres días para pedir una prórroga.

El segundo eje que contempla la ley mordaza es la publicación en la prensa de las grabaciones de las personas sujetas a investigación. Actualmente una conversación telefónica intervenida o una escucha con micrófonos, autorizadas por un juez, son secretas hasta el momento en que son depositadas y puestas en conocimiento de la defensa y la parte acusadora del pleito legal. A partir de ese momento son actos públicos y, si un abogado o un canciller del juzgado los pasan a un medio de comunicación, pueden ser publicadas sin problema.

Con la nueva ley sólo sería posible publicar la información cuando el juicio haya llegado a su último grado, el tercero, que en Italia en promedio dura 10 años. La iniciativa introduce otro aspecto nuevo: que los editores podrán ser sancionados, y no sólo el director del periódico como hasta ahora, con multas hasta de 450 mil euros. Los medios de comunicación sólo podrán publicar las actas judiciales resumidas y queda prohibido difundir documentación relativa a conversaciones telefónicas o de correo electrónico.

Tampoco se podrán colocar micrófonos ocultos hasta que haya indicios fundados de delito. Éste es uno de los puntos más criticados por jueces y policías, ya que con esta limitación habrían sido imposibles muchas de las grandes operaciones contra la mafia de los últimos meses.

Los medios tendrían prohibido publicar transcripciones o resúmenes. También tendrían restringido informar de un caso en tanto no concluya la investigación preliminar, lo que puede llevar años en el lento sistema judicial italiano.

Asimismo, los periodistas que incumplan la ley podrán ser condenados a un mes de cárcel o a sanciones pecuniarias si publican las escuchas durante investigaciones o actos cubiertos de secreto.