El incremento sustancial de la inconformidad de las militancias partidistas contra sus dirigencias y la conducción de los institutos políticos refleja un proceso de democratización de los partidos expresado en un mayor activismo de sus miembros, que tienen más canales de actuación. Para Constancio Carrasco, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), este fenómeno debe enfrentarse más con el perfeccionamiento de los estatutos de cada partido que con una ley que los rija de manera general.

En esta lógica, el magistrado rechaza que exista mayor injerencia del TEPJF en la vida interna de los partidos políticos. Lo que sucede, subraya, es que hay una militancia más participativa que busca enfrentar, por la vía de los juicios para la protección de derechos políticos, sus diferencias contra las decisiones de las cúpulas partidistas y ha encontrado recursos legales para canalizar sus reclamos.

Durante los años recientes el TEPJF ha jugado un papel cada vez más importante en resolver las diferencias internas de los partidos, representando en la actualidad la atención a estas inconformidades que se han generalizado en todos los partidos. Incluso ha motivado la emisión de criterios generales, como el que en su momento efectuó en relación con la democracia de la vida interna de los partidos, a partir de la inconformidad de la militancia ecologista contra el Partido Verde.

–¿Considera que esto es parte de un proceso de democratización de los partidos?

–Sin duda, pero se está dando desde la militancia, esto es muy importante.

Destaca que recientes cambios legales han definido los alcances del TEPJF en la vida interna de cada partido: “hay una disposición constitucional que regula la capacidad de autorresolución, y esto lo que nos dice es que nuestro involucramiento debe ser menor o buscarse lo menos posible […], pero cuando los recursos llegan los tenemos que estudiar, y no podemos decir que al tribunal no le corresponde”.

Puntualiza que si bien las recientes disposiciones legales acotan la participación del TEPJF, si los militantes activan correctamente, pues tenemos que conocerlos y, como ha sucedido, si esto se incrementa, tendremos que seguir conociendo.

–¿Eso no representa una injerencia del TEPJF?

–No hay ninguna injerencia. Lo que hay es una militancia más participativa en la toma de decisiones, que quiere influir en ellas y quiere trascender. Una militancia que exige participar en los procesos internos. Ahora ya desde las propias convocatorias encontramos impugnaciones de militantes que se inconforman con la aplicación de las normas partidarias.

En este contexto, Carrasco destaca una tesis del TEPJF relativa a los requisitos mínimos del modelo democrático, de orden constitucional, que deben tener los partidos políticos para regir su vida interna.  Destaca que entre los temas sobresalientes en las regulaciones partidistas se encuentran las comisiones de justicia partidaria y la forma en que resuelven las inconformidades de su militancia.

Sin embargo, refiere que las impugnaciones crecientes a estas decisiones obligan al TEPJF a resolver cuestionamientos al orden estatutario partidista, y esto ha impactado en la militancia porque hay un sistema de recursos contra las decisiones partidistas que pueden hacer más eficaces sus reclamos, lo cual ha tenido un efecto mutiplicador para diversos aspectos de la vida interna partidista.

Modelos democráticos integrales

Carrasco subraya los criterios emitidos por el TEPJF sobre los requisitos de democracia interna que deben cumplir los partidos y que se refieren a la elección de dirigentes, la toma de decisiones, garantizar la participación de la militancia.

–¿Estos requisitos deberían evolucionar hacia una ley de partidos?

–Más que pensar en una ley para los partidos, es necesaria la consolidación de modelos democráticos integrales en los estatutos de los partidos que permitan una competencia interna lo más eficaz posible. Hay que ver si los problemas son más de insuficiencias legales de los partidos o un problema de instrumentación.

Creo que está la posibilidad de legislar a nivel de los estatutos; es un tema de voluntad, de cómo hacer que este sistema permita que no se violen los derechos políticos de la militancia y no hay nadie mejor para hacerlo que los propios partidos, pero no necesariamente una ley de partidos.