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Campesinos aseguran haber recibido por sus tierras mucho menos de lo que dice el IPEJ

Cuestionan manejo de recursos en proyecto turístico de Jalisco

Les dieron sólo 400 mil pesos por hectárea; no llega a la mitad de lo anunciado: investigador

La superficie afectada, mayor a la asentada en decreto

Prevén daños a santuario tortuguero

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Una cría de tortuga intenta llegar al mar, en el campamento de conservación de Tomatlán, Jalisco, donde el gobierno del estado e inversionistas extranjeros planean construir un megaproyecto turístico de lujoFoto Arturo Campos Cedillo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 29 de enero de 2010, p. 34

Guadalajara, Jal., 28 de enero. Campesinos que vendieron al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJ) mil 200 hectáreas para construir un complejo turístico de alto nivel en la Costa Alegre han informado que les pagaron 400 mil pesos por hectárea, lo que sumaría apenas 480 millones de pesos, menos de la mitad de lo que el presidente de la institución declaró que se había utilizado para dicho propósito.

Oficialmente, el IPEJ invirtió 76 millones de dólares (988 millones de pesos con base en un tipo de cambio de 13 pesos por dólar) en la compra de tierras para asociarse y desarrollar un proyecto turístico de alto nivel en Chalacatepec; sin embargo, el precio al que se pagaron las mil 200 hectáreas no excedió 37 millones de dólares, calculó Rodrigo Castellanos Michel, investigador de la Universidad de Guadalajara y miembro del Programa Universitario para Conservación de Tortugas Marinas (PUCTM).

(Basado) en conversaciones con personas que han sido dueñas de predios o parcelas en ese polígono de Chalacatepec, les pagaron alrededor de 400 mil pesos por hectárea. Estaríamos hablando de unas cinco personas que vendieron más de una hectárea cada una, dijo Castellanos Michel, quien está a cargo del campamento tortuguero en Temahuixtle, también dentro del santuario federal.

–¿Pudo variar ese precio con el pagado a los demás? –se le preguntó en entrevista.

–No lo sé, pero (el terreno) es de las mismas características.

Castellanos Michel tiene contacto permanente con los campamentos tortugueros del santuario Playón de Mismaloya. Señaló que la compra de terrenos se inició en 2008, mucho antes de que se aprobara, en noviembre pasado, la nueva Ley de Pensiones del estado, que da manos libres al presidente del consejo del IPEJ para invertir hasta un tercio de los fondos de retiro de 115 mil burócratas estatales sindicalizados.

El martes pasado, al anunciar el desarrollo en Chalacatepec (que el gobernador panista Emilio González Márquez calificó de superior a Cancún), Óscar García Manzano, presidente del consejo del IPEJ, detalló que el instituto comprometió para el proyecto 89 millones de dólares del fondo pensionario en sociedad con la firma Rasaland, que aportó 94 millones de dólares.

–¿Cuánto de los 89 millones (del IPEJ) fueron para comprar tierra? –se le preguntó a García Manzano en esa ocasión.

–De los 89 millones de dólares hay que quitarle 13 millones que son para infraestructura, y es la diferencia –respondió.

La diferencia, 76 millones de dólares, es lo que supuestamente se destinó a la compra de tierras. Sin embargo, el precio presuntamente pagado (400 mil pesos por hectárea) suma 37 millones de dólares, menos de la mitad de lo que García Manzano dijo, sin tomar en cuenta que la participación del IPEJ y Rasaland en la sociedad es de 48 y 52 por ciento, respectivamente, y en esa misma proporción es la copropiedad de las tierras, según reconoció el propio García Manzano.

Lo anterior significaría que para adquirir 576 hectáreas, es decir, 48 por ciento de las mil 200 compradas, se habría gastado poco más de 18 millones de dólares, no los 76 calculados por el investigador, quien denunció que el complejo afectaría al menos 15 kilómetros del santuario más grande del país para la protección del quelonio.

El playón de Mismaloya abarca toda la costa del municipio de Tomatlán y seis kilómetros del municipio sureño de Cabo Corrientes. Son 90 kilómetros de litoral o 69 kilómetros en línea recta a través de playas protegidas por un decreto federal.

La parte más al sur, Chalacatepec, se vería afectada por el desarrollo proyectado y para la que se realizaron recientes ajustes en los planes de ordenamiento territorial estatal y municipal.

El truco, dijo, radica en que los gobiernos federal, estatal y municipal se amparan en el decreto para sólo reconocer 69 kilómetros lineales; sin embargo, recordó, dicho decreto data de finales de la década de 1970, y con tecnologías actuales se ha determinado que la longitud real del litoral es de 90 kilómetros.

Castellanos Michel también advirtió que el aeropuerto que el gobierno estatal construye para recibir aviones privados, en el exclusivo centro turístico, afectará el desove de las tortugas.