La Secretaría de Salud (Ssa) federal y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) son las dependencias encargadas de regular y verificar el funcionamiento de los centros de rehabilitación de adicciones, conocidos como anexos o granjas, afirmó el especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana, Luis Berruecos Villalobos.

En entrevista, el antropólogo social experto en el tema de adicciones, explicó que la Secretaría de Salud se encarga de expedir los permisos sanitarios correspondiente para la operación de estos lugares y la Cofepris de certificar su funcionamiento.

En la operación de estos lugares intervienen más dependencias, como las delegaciones.

Aunado a esto, por ser instituciones que se sostienen, en su mayoría, mediante donaciones, tienen que estar registradas en la Junta de Asistencia Privada, requisito necesario para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no les cobre impuestos por los donativos recibidos, y luego voy con la Secretaría de Salud para que me otorgue un permiso y luego con la Cofepris para que avale que lo estoy haciendo es correcto.

En este sentido, la Secretaría de Salud del DF manifestó que no es su competencia la regulación de estos centros ni su monitoreo, ya que estas acciones se realizan con instancias públicas y no con las privadas, y que esa tarea le corresponde a la Cofepris.

Pese a lo anterior, la Secretaría de Salud federal aseguró que no tiene ninguna competencia en la autorización de funcionamiento ni supervisión del cumplimiento de la normatividad sanitaria de establecimientos como el llamado Instituto de Rehabilitación de Alcohol y Drogadicción Hospital Santo Tomás, Los Elegidos de Dios, y afirmó que estas tareas son responsabilidad de la autoridad local.

La norma oficial 028.SSA2-1999 para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adiciones en la que se señalan las condiciones para la prestación de este servicio en los establecimientos públicos y privados, emitida por la Secretaría de Salud federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2002, afirma que los establecimientos especializados en adiciones que brinden atención residencial deben contar con el aviso de funcionamiento respectivo, así como con el registro como institución especializada ante el Consejo Nacional contra las Adicciones, con un programa general de trabajo aprobado por dicho consejo en el que se especifique el tratamiento médico y/o sicosocial que se brinda, basado en principios científicos, sociales y éticos, y contar con un reglamento interno.

Asimismo, el documento establece que los personas que ingresan a estos centros deben hacerlo por voluntad propia, y deben recibir un trato digno, llevar su historial clínico, además de que el paciente debe estar acompañado de un familiar o representante al cual se le debe informar sobre el tratamiento y su duración, y que el enfermo pueda salir del lugar en el momento que él lo decida.

Berruecos Villalobos señaló que en el tratamiento a personas con problemas de adicciones debe participar personal con la capacitación necesaria, es decir, siquiatras, sicólogos y médicos especialistas en nutrición, ya que es normal que los internos presenten altos grados de desnutrición.

Sin embargo, dijo, “no hay gente capacitada para atender esta problemática, razón por la cual surgen estas granjas, por la ineficiencia o desinterés del gobierno por atender estos problemas”, lo cual también se demuestra, agregó, en que la Cofepris no verifica su funcionamiento.