Número 161
Jueves 3 de diciembre
de 2009


Director fundador
CARLOS PAYAN VELVER

Directora general
CARMEN LIRA SAADE

Director:
Alejandro Brito Lemus

A casi tres décadas de la aparición del sida en el mundo, los países de América Latina y el Caribe se perfilan como una de las regiones donde la pandemia va en aumento a pesar de las acciones emprendidas por gobiernos, organizaciones multinacionales y organizaciones de la sociedad civil. Datos recientes del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) indican que existen 1.7 millones de personas que viven con el virus en los países de la región.

Algunos factores que contribuyen al crecimiento de la epidemia en nuestros países tiene que ver con la desigualdad social, producto de la inequitativa distribución de los recursos económicos; la falta de políticas públicas asertivas; así como la discriminación y el estigma asociados al sida en sectores históricamente excluidos.

César Núñez, representante de ONUSIDA para América Latina, planteó durante el V Foro Latinoamericano y del Caribe en VIH/sida, que se llevó a cabo en Lima, Perú, a finales de noviembre, que uno de los grandes lastres en los países de la región es que, a pesar de contar con recursos, “el acceso a medicamentos antirretrovirales es tardío; la terapia antirretroviral, aunque haya acceso, se recibe en promedio 12 meses después de que las personas han sido detectadas como seropositivas”, lo que representa una verdadera amenaza para la sobrevivencia. Esto se suma a otros problemas culturales como el estigma y la discriminación, no sólo en los ámbitos de convivencia social, sino desde los espacios gubernamentales.

Ante más de cuatro mil asistentes a dicho Foro, Núñez mostró que la pobreza afecta más en áreas rurales, donde hay menos servicios de salud y educación, a diferencia de las áreas urbanas, donde se concentran los servicios y las posibilidades de acceder a ellos.

En esta vorágine de problemáticas observadas en la mayoría de países de América Latina, las cifras se pueden considerar “alarmantes” en sectores de mayor vulnerabilidad, como las poblaciones juveniles marginales, los y las trabajadoras sexuales, hombres gays u hombres que tienen sexo con otros hombres, personas transexuales, hombres privados de la libertad, población usuaria de drogas inyectables y poblaciones móviles.

“Estos grupos son los que menos posibilidades tienen para acceder a las campañas de prevención y de sensibilización frente al problema. Entre otros motivos, porque los gobiernos no invierten en estrategias de prevención focalizadas con lenguajes específicos que generen cambios de actitud frente a la sexualidad”.

Un problema que va en aumento es el de la trasmisión del VIH de madre a hijo, ya que más de un tercio de los países de América Latina y el Caribe siguen ofreciendo tan sólo una cobertura de menos del 50 por ciento para la prevención de esta problemática, lo que generó que en 2008 se infectaran 6 mil niños y niñas al nacer.

En entrevista con Letra S, Núñez señaló como una prioridad que las organizaciones civiles se integren realmente a las estrategias nacionales, pues consideró que “no es una estrategia gubernamental la que va a resolver el problema del sida en los países de América Latina; en cada país deben integrarse empresas, iglesias, organismos multinacionales, gobierno, academia y población en general para generar cambios sustanciales”.

Falta de datos
A pesar que existen datos generales sobre el impacto de la epidemia en los países de la región, no son suficientes, pues faltan indicadores que permitan una lectura más objetiva de problemáticas específicas de cada país y de sus poblaciones con mayor vulnerabilidad, lo que genera una sensación de vacío informativo para los especialistas al momento de elaborar informes o reportes por país.

“No se ha logrado tener información desagregada por población, lo que representa un importante desafío para poder conocer el estado actual de la epidemia y su respuesta, y de esta forma implementar estrategias más efectivas y específicas donde se requiera”, sostuvo Rubén Mayorga, coordinador de ONUSIDA para Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, quien expuso que la falta de datos específicos por población evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de información nacionales.

“Al no contar con información fehaciente, palpable, no se pueden materializar acciones focalizadas en poblaciones de mayor vulnerabilidad”, señaló.

El especialista consideró que el hecho de que existan leyes que excluyen a sectores sociales por sus actividades profesionales o formas de convivir, provoca discriminación social, que redunda en violencia, tanto simbólica como física, por lo que se requiere que en las acciones para disminuir el impacto de la epidemia se realice un “trabajo multisectorial en donde se involucren instituciones de justicia, educación y salud bajo los preceptos de los derechos humanos”.

En tanto, Carlos Cáceres, investigador de la Universidad Cayetano Heredia del Perú, fue crítico con la estrategia regional en VIH, diversidad sexual y derechos humanos, ya que no responde a las necesidades reales en prevención, atención y combate a la homofobia desde los espacios gubernamentales, por lo que coincidió con Mayorga en la necesidad de construir respuestas desde diversos sectores, “pero de manera articulada, así como de fomentar el compromiso social de los diferentes grupos que tienen que ver con la infección por VIH”.

Estrategias efectivas
Para guiar el desarrollo e implementación de estrategias efectivas de prevención basadas en evidencia, ONUSIDA informó sobre la elaboración de las Guías Prácticas para la Intensificación de la Prevención del VIH. Este esquema y línea de trabajo establece como punto principal que cada país debe conocer su epidemia para poder hacer una planeación estratégica que derive en acciones efectivas.

Por ejemplo: en el periodo 2008-2009, destaca la guía, se incrementó la producción de información estratégica en los países de la región, que muestra datos epidemiológicos; estudios especiales de prevalencia que incluye poblaciones más expuestas; estudios sobre las formas principales de transmisión; economía y financiamiento que permite la medición del gasto en sida; fuentes de financiamiento y categorías de gasto, que permite la actualización de las estimaciones y las necesidades de recursos.

En este sentido, se busca que los procesos nacionales tengan una medición lo más exacta posible, cada dos años, sobre los 25 indicadores acordados como medición mínima sobre la epidemia y su respuesta a nivel global, la cual se planteó durante la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS) en 2001, que pretende estimular la generación de información estratégica y fortalecer alianzas entre organismos gubernamentales, no-gubernamentales e internacionales.

Estos informes constituyen una base de datos y evidencias sin paralelos sobre la epidemia y su respuesta. ONUSIDA brinda apoyo financiero y acompañamiento técnico a los gobiernos y organizaciones civiles involucrados en estos esfuerzos a través de la iniciativa “Planificación Estratégica para la Acción sobre SIDA”, implementada por el Banco Mundial, que ha permitido desarrollar planes estratégicos nacionales sobre VIH y sida, basados en evidencia y con enfoque en resultados, en ocho países de América Latina.

Por su parte, Lelio Mármora, Jefe del Equipo Regional para América Latina y el Caribe del Fondo Mundial de la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, habló sobre la asignación de 65 millones de dólares para México en los próximos seis años, y fue enfático al subrayar que los recursos de dicho fondo “no deben servir para apalancar lagunas de los gobiernos que privilegian los proyectos en lugar de los programas, sino para repuntar el trabajo comunitario y la inversión focalizada, eficiente y transparente” que permitan abatir los problemas de VIH en los sistemas de salud.

Sociedad civil
Una voz muy escuchada en diferentes espacios de discusión durante este Foro Latinoamericano sin duda fue la del activista ecuatoriano Orlando Montoya, coordinador saliente de la Asociación para la Salud Integral y Ciudadanía de América Latina y el Caribe (ASICAL), quien señaló en diferentes mesas de trabajo que una forma de buscar soluciones para contrarrestar la epidemia es empezar por el reconocimiento mutuo de los distintos actores que intervienen en la respuesta multisectorial gubernamental, no gubernamental y los sectores afectados, “lo que puede permitir un enfoque integral para eliminar vacíos que finalmente perjudican a los grupos vulnerables”.

Instó a emitir una demanda generalizada por parte de las redes y organizaciones civiles de toda América Latina y el Caribe que se esfuerzan por emprender acciones para revertir el aumento de sida en sus países, pues aseguró que “los asistentes a este Foro no necesitamos que nos convenzan de nada, sabemos las necesidades, solamente nos faltan resolver los cómos, los porqué y con qué”.

SU B I R