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La Cámara impide al Ejecutivo ocupar reservas del IMSS y frena la cédula de identidad

Sujetan al gobierno a un mayor control en la aplicación del gasto

Hacienda no podrá reducir las transferencias federales a estados, municipios y delegaciones del DF

 
Periódico La Jornada
Martes 17 de noviembre de 2009, p. 3

El gasto gubernamental para 2010 ascenderá a 3 billones 176 mil 332 millones de pesos. De acuerdo con el dictamen aprobado en la Comisión de Presupuesto, la administración de Felipe Calderón ejercerá los recursos públicos con nuevos controles: presentará informes trimestrales sobre su aplicación, evitará subejercicios, aceptará la opinión de los gobernadores sobre política social y aplicará un programa de austeridad en la alta burocracia.

En cambio, los gobiernos de los estados continuarán con el único control que supone la vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación sobre el uso de los recursos. Para el año próximo dispondrán de la mayor bolsa de recursos en su historia, por las reasignaciones que hizo el PRI. En transferencias federales recibirán 419 mil 308 millones 44 mil pesos, y para infraestructura carretera 26 mil 954.1 millones adicionales.

La comisión rechazó la intención del Ejecutivo de utilizar hasta 147 mil millones de las reservas financieras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para inversión en infraestructura. Los diputados acordaron que dichas reservas únicamente podrán destinarse para las prestaciones monetarias de sus seguros, y no para financiar el gasto corriente.

El proyecto de decreto también impide a la Secretaría de Hacienda recortar las transferencias federales a estados, municipios y delegaciones del Distrito Federal con el pretexto de incumplimiento de requisitos de tiempo e información en la construcción de obras y desarrollo de programas.

Incluyen demandas perredistas

La Comisión de Presupuesto reasignó una bolsa total de 86 mil 626 millones de pesos de gasto, que se distribuyeron proporcionalmente a los proyectos y demandas de PRI, PAN y PRD. Al incluir las peticiones perredistas se desactivó la inconformidad manifiesta desde días atrás por la exclusión en las negociaciones.

En el capítulo más relevante del decreto, aprobado por el pleno camaral, se notifican las disposiciones de austeridad.

Así, el Ejecutivo está obligado a entregar antes del 15 de marzo de 2010 un programa nacional de reducción del gasto público, de carácter trianual.

El programa deberá comprender la reorganización del Ejecutivo federal en lo correspondiente a la revisión de la duplicidad de funciones; la reducción de los niveles salariales equivalentes en subsecretarías, jefaturas de unidad y direcciones generales que no tengan dichos cargos; considerar la reducción de direcciones generales adjuntas, y evitar la creación de nuevas plazas en niveles directivos, definió la Cámara.

En cuanto al combate a la pobreza, se emplazó a la Secretaría de Desarrollo Social para que antes del 28 de febrero próximo informe al Poder Legislativo de la cobertura de atención de los programas sociales.

La entrega de los apoyos no podrá condicionarse al cumplimiento de otros requisitos o contraprestaciones, y se deberá proporcionar a la Cámara el padrón donde se incluyan todos los datos de los beneficiarios.

La Cámara de Diputados decidió no autorizar una partida específica para la cédula de identidad propuesta por Calderón, e inclusive le puso un candado para evitar que Hacienda desvíe recursos de otros programas para ese fin.

El gasto neto total para el año próximo, que ascenderá a 3 billones 176 mil 332 millones de pesos, se dividirá en los siguientes rubros:

Ramos autónomos, 53 mil 179 millones 872 mil pesos. De éstos, la Cámara de Diputados tendrá 4 mil 753 millones; el Senado, 3 mil 569 millones; Auditoría Superior de la Federación, mil 226 millones; la Suprema Corte de Justicia, 4 mil 476 millones; el Consejo de la Judicatura Federal, 27 mil 63 millones; el Tribunal Electoral del Poder Judicial, mil 924 millones; el IFE, 8 mil 61 millones, y la CNDH, 889 millones.

En el ramo administrativo se dividieron 784 mil 297 millones, entre otros:

Presidencia de la República, mil 677 millones; Gobernación, 8 mil 370 millones; Relaciones Exteriores, 5 mil 945 millones; Hacienda, 34 mil 618 millones; Defensa Nacional, 43 mil 32 millones; Agricultura, 73 mil 368 millones; Comunicaciones, 80 mil 484 millones; Educación, 210 mil 328 millones; Salud, 89 mil 595 millones; Desarrollo Social, 84 mil 476 millones; Medio Ambiente, 46 mil 236 millones, y Seguridad Pública, 32 mil 437 millones.

Al pago de la deuda pública se destinarán 232 mil 910 millones de pesos. A participaciones a entidades federales y municipios se presupuestaron 441 mil 579 millones.

Para el IMSS, los recursos ascenderán a 320 mil 379 millones; al ISSSTE, 108 mil 314 millones; a Pemex, 375 mil 934 millones, y a CFE, 210 mil 459 millones. Al gasto no programable de CFE y Pemex se aprobó una erogación conjunta de 49 mil 203 millones.

A la Secretaría de la Defensa Nacional se le concedió una ampliación de mil 250 millones de pesos, de los cuales mil millones se utilizarán en acciones de vigilancia en el territorio nacional, y el resto a servicios de salud al personal militar y sus familias. A la Secretaría de Marina, 250 millones de pesos más.

Aun cuando la solicitud de presupuesto de la comunidad científica era de más de 100 millones de pesos para la operación de la Agencia Espacial Mexicana, los diputados optaron por concederle 10 millones.

A los distintos programas al campo le fueron asignados 268 mil 775 millones de pesos. Para el desarrollo integral de la población indígena, el monto total es de 44 mil 421 millones, y a los programas de atención a la mujer, 10 mil 613 millones.

Se confirmó la ampliación de mil millones de pesos para la Línea 12 del Metro, aun cuando se requerían 3 mil 500 millones más.