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Legisladores panistas buscan que se traten en sesión ordinaria y ya no en comisiones unidas

Jaloneo en el Senado ante la discusión de los artículos que enviaron diputados

El impuesto a cigarrillos y concesiones ventajosas en el espectro radioeléctrico, temas a abordar

 
Periódico La Jornada
Lunes 2 de noviembre de 2009, p. 5

El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el panista José Isabel Trejo, manifestó que, en su opinión, “los cuatro artículos que nos regresó la Cámara de Diputados –244-E de la Ley Federal de Derechos; 17 de la Ley de Ingresos; 69 del Código Fiscal de la Federación, y un transitorio de la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios– los debemos discutir directamente en el pleno, en la sesión ordinaria de este martes. Ya no es necesaria su discusión en comisiones unidas”.

Consideró: Lo que tenemos que discutir es si aceptamos los artículos como fueron aprobados en la Cámara de Diputados, o si insistimos en mantener la posición del Senado; si fuera este último caso, entonces los artículos podrían quedarse sin vigencia.

A su vez, Fernando Castro Trenti, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos (Primera), que junto con la de Hacienda dictaminó el paquete económico, dijo que en la sesión de este martes se debe dar cuenta al pleno de los artículos que regresó la Cámara de Diputados y turnarlos a comisiones unidas, donde debemos trabajar y pasarlos al pleno para su aprobación; incluso podría efectuarse una sesión el miércoles.

Coincidió con el presidente de la Comisión de Hacienda en que, si el Senado insiste en mantener los cambios que hizo a esos artículos, pero que la Cámara de Diputados devolvió, entonces no entrarán en vigencia; como esos numerales ya existen en las leyes referidas, quedarían en los términos que hoy están, explicó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el panista Ernesto Saro, manifestó: Veo difícil que se pueda mantener la votación en esta cámara respecto del transitorio de la ley del impuesto especial sobre productos y servicios en cigarros, donde los diputados fijaron un impuesto de dos pesos por cajetilla, pero lo difirieron a cuatro años, y el Senado aprobó que esa tributación se pague a partir del primero de enero de 2010.

Saro detalló: Si se queda el impuesto de dos pesos por cajetilla de cigarros, como lo aprobaron los diputados, en los hechos se anula el impacto de esa contribución; es un gravamen de casi 8 por ciento, nada más que en la Cámara de Diputados se aprobó que se pague durante los años 2010, 2011, 2012 y hasta 2013, dos por ciento cada año.

En el caso del impuesto de 2 pesos por cajetilla de cigarros, con entrada en vigor el primero de enero de 2010, el diputado del PRD Pablo Gómez dijo que su partido votó en contra, junto con el PRI, pero lo sacó el PAN con sus votos. Nosotros volveremos a votar en contra de que se cobre a partir de enero. Yo no estuve de acuerdo en la forma; sí lo podemos incrementar, pero no así.

Los privilegiados

Sobre el caso del espectro radioeléctrico Gómez dijo: “Los diputados no nos regresaron nada, porque nosotros ya habíamos mandado a la nada la redacción de esos artículos. Nos regresan su pérfida pretensión de exentar del pago de derechos a las empresas –Televisa, Tv Azteca, Iusacell y Telcel– por la explotación de ese segmento. Nosotros ya lo habíamos modificado para que sí paguen y no queden exentas dos años, como propuso la Cámara de Diputados, pero se lo volvieron a poner; si nosotros lo rechazamos, pues ya no formará parte de la ley”.

Sobre el artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos, con el cual los diputados dan privilegios fiscales a los concesionarios de telefonía celular, opinó: En el Senado dimos una pelea y lo sacamos apenas por una diferencia de siete votos, ya que el PRI votó a favor de los privilegios. Si nos mantenemos y damos de nuevo la pelea podemos ganar y evitar esas canonjías fiscales, pero hay mucha presión en los grupos parlamentarios.

Finalmente, el senador panista Rubén Camarillo manifestó que mantendrá su voto en contra de los privilegios a las empresas que desean explotar nuevas concesiones de telefonía celular sin pagar los derechos.