Opinión
Ver día anteriorViernes 30 de octubre de 2009Ver día siguienteEdiciones anteriores
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El negociazo
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odo indica que atrás del golpe fascista en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), mediante el ilegal e inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el despido injustificado de 44 mil trabajadores y la indefensión de 22 mil jubilados, está la guerra secreta por la fibra óptica, negocio de miles de millones de dólares que se disputan diversos sectores de la oligarquía y al cual no es ajeno el gobierno de Felipe Calderón.

Como se sabe, la infraestructura eléctrica puede ser usada como red de telecomunicación de dos formas. Mediante la red de fibra óptica de CFE y LFC, que suman más de 30 mil kilómetros y con una capacidad excedente para la transmisión de voz, datos e imagen (telefonía, Internet y televisión por cable, el triple play). O bien a través de las redes eléctricas, en media o baja tensión, aérea o subterránea, mediante tecnologías tipo power line communications o broadband over power line. En cualquiera de los casos las redes de CFE y LFC son por lo menos cuatro veces más extensas y potentes que las redes de telecomunicación de Telmex. Este es el negociazo que se disputan Telmex, Televisa, Tv Azteca, la española Telefónica presidida por Francisco Gil Díaz, etcétera.

Sin embargo, el mayor nicho de negocios, a corto plazo, lo representa LFC, con una red de fibra óptica de mil 100 kilómetros, en una región densamente poblada, con el nivel de ingreso más elevado a escala nacional y en donde se genera más de 35 por ciento de la riqueza del país. A esta región atendida por LFC le echó el ojo la empresa WL Comunicaciones, en la que participan como socios mayoritarios Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens, ambos secretarios de Energía durante el periodo de Vicente Fox.

Creada el 23 de octubre de 1998, y con una concesión otorgada por la SCT el 24 de marzo de 2000, WL Comunicaciones firmó el 23 de agosto de 2005 un contrato de arrendamiento de infraestructura eléctrica con LFC, representada por su director, el ingeniero Jorge Gutiérrez Vera (de amplio currículo en empresas eléctricas privadas) para retirar los hilos de guarda de las líneas de transmisión de 400, 230 y 85 KV (torres, cuadros y postes) y ductos subterráneos, mediante el pago de una renta y para instalar cable de fibra óptica de su propiedad. Se estipula en el convenio del 18 de diciembre de 2007 que del cable de 48 fibras ópticas, 16 serían propiedad de LFC y del cable subterráneo de 60 fibras ópticas 24 serían propiedad de LFC. Pero se deja muy en claro que LFC en ningún caso podría otorgar a terceros para su uso, aprovechamiento, explotación, ni comercialización de las fibras ópticas, salvo los usos propios y los correspondientes a los entes de la administración pública centralizada y paraestatal. ¡Y todavía dicen que no se privatiza!

El negociazo iba viento en popa. Sin embargo, en la pasada revisión contractual de marzo de este año, el SME logró que LFC gestionara una concesión, para no quedar como simple arrendadora, pues cuenta con los recursos humanos y tecnológicos para poder prestar los servicios de triple play. El 11 de junio de 2009, el subsecretario de Electricidad, Francisco A. Acosta Arredondo, reconoció que “es factible que Luz y Fuerza del Centro gestione ante la autoridad competente la concesión para prestar el servicio… de telecomunicaciones a partir del uso de la capacidad excedente de la red de fibra óptica de LFC… a través de una filial creada para tal fin y en los términos señalados en la cláusula décima del convenio celebrado entre Luz y Fuerza del Centro y el SME el 16 de marzo de 2008”. Por supuesto, la SCT nunca respondió a esta solicitud de LFC. El resto de la historia la conocemos.

Ninguna de las razones aducidas por Calderón justifica la extinción de LFC y el artero golpe asestado al SME. Lo movió la venganza y la sed de negocios, violatorios a la Constitución. La pregunta es: ¿quién gana, en la guerra por la fibra óptica, con la extinción de LFC? La Cámara de Diputados debe pronunciarse a favor de la controversia constitucional y el pueblo de México debe conocer la verdad. ¡Todos al paro nacional!