La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) revocó la suspensión temporal de las operaciones de Aviacsa, después de que un juez otorgara un amparo provisional para permitir a la empresa reanudar sus vuelos a partir de este viernes. Sin embargo, responsabilizó de cualquier percance al representante del Poder Judicial.

Gerardo Sánchez Henkel, titular de asuntos jurídicos de la SCT, anunció que impugnarán esta determinación ante el Consejo de la Judicatura Federal, debido a que se presume una actuación irregular del juez quinto de distrito, Felipe Sifuentes, de Ciudad Valles, San Luis Potosí.

Sánchez Henkel dijo que el juez quinto de Ciudad Valles, San Luis Potosí, tiene una dudosa reputación, ya que fue el mismo quien en 2005 otorgó la suspensión de cierre de un centro nocturno en Monterrey, Nuevo León.

En conferencia de prensa, Gerardo Sánchez afirmó que la suspensión temporal de Aviacsa por 60 días se decretó en apego a las facultades que les otorga la Ley de Aviación Civil en sus artículos quinto y 17.

Rechazan peligro

Horas antes, también en improvisada conferencia de prensa a las afueras de la sede de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Eduardo Morales Vega, director general de Aviacsa, exigió a la SCT que acate de inmediato la resolución judicial, que ordena el restablecimiento de sus operaciones tras haber sido suspendidas el martes pasado.

La empresa Aviacsa ha recibido hoy (viernes) un nuevo amparo de la justicia federal para que restablezca sus vuelos, toda vez que la seguridad de sus aeronaves no tiene riesgo alguno, señala la aerolínea en un comunicado.

Hoy mismo estaremos volando sólo es cuestión de que la DGAC acate lo que diga el amparo, indicó Morales Vega.

Ante más de 300 trabajadores de la aerolínea, indicó que demandará a quien resulte responsable de la suspensión de operaciones de la aerolínea, pues hicieron cosas malas contra Aviacsa y esto no se va quedar así; demandaremos a quien esté detrás de ello, advirtió.

En entrevista, el directivo de Aviacsa argumentó que con la suspensión de operaciones de la aerolínea, la SCT lo que busca es que los slots (mostradores con horarios de aterrizaje y despegue) que esta línea tiene en el aeropuerto de la ciudad de México sean para otra empresa de bajo costo.

Morales Vega dijo que ésta puede ser una razón por la cual la dependencia puso en tierra a sus 25 aviones, ya que son ilógicas las razones que aducen.

Esta acción, expresó, tendría básicamente dos resultados un monopolio en la aviación y el aumento en las tarifas, además de que esta decisión beneficia a sus principales competidores que son Volaris e Interjet, así como a Mexicana y Aeroméxico con sus respectivas subsidiarias.

Eduardo Morales negó que las aeronaves representen un peligro para los usuarios e indicó que los 25 aviones pueden volar hoy a Estados Unidos sin ningún problema con autorización de la Federal Aviation Administration (FAA), que tiene requisitos más exigentes que la DGAC.

Añadió que además cuentan con un permiso de mantenimiento autorizado por FAA para darle mantenimiento a empresas estadunidenses, para el cual se requiere un alto grado de calificación.

Por su parte, Gerardo Sánchez, aseveró: Creemos en la división de poderes y somos respetuosos de la autoridad judicial, pero no nos podemos quedar callados.Aseguró: No hay un ánimo de afectación a la empresa (Aviacsa), fue una medida temporal y susceptible de subsanar.

Preocupa la vida de los pasajeros

Con el amparo provisional, la aerolínea podrá iniciar operaciones de vuelos y venta de boletos desde este momento, sin embargo, el jurídico recordó que el accidente del avión Airbus de Air France había tenido su origen en la falla de un solo instrumento, por lo que dijo que en caso de ser demandado o denunciado asumirá el riesgo porque lo que preocupa es la vida de los pasajeros.

Explicó: “Se detectaron deficiencias estructurales, sistémicas que ponen en riesgo a las aeronaves. El resultado fue un trabajo que tomó semanas con personal técnico, por ello vamos a impugnarlo… usaremos todos los recursos que estén a nuestro alcance. No tiene nada que ver con el tema financiero ni de adeudos por parte de la aerolínea”, subrayó el abogado de SCT.

Es un tema, dijo, de peligro y de riesgo. Un avión no se puede reparar en el aire. Dejaremos la seguridad operativa en manos del juez, advirtió, al señalar que el público debe de reconsiderar su decisión de volar por esta aerolínea.

El pasado 2 de junio la SCT decretó la suspensión temporal de 25 de los 26 aviones de Aviacsa por irregularidades en los sistemas de seguridad.

Descartó que la SCT vaya a utilizar otros mecanismos para impedir volar a la aerolínea, esto a pesar de que Aviacsa tiene adeudos por derechos del uso del espacio aéreo nacional. Nos llama la atención, dijo, que haya sido un juez de Ciudad Valles, poblado a cinco horas de distancia de San Luis Potosí y a dos horas de Tampico, que no tiene ni aeropuerto ni líneas aéreas, quien haya otorgado este amparo.

Por separado en Monterrey, Nuevo León, en protesta por la suspensión de vuelos, unos 250 trabajadores de Aviacsa realizaron una manifestación frente a la casa de gobierno y posteriormente se trasladaron a un lado de la puerta principal del aeropuerto internacional Mariano Escobedo para exigir la reanudación de actividades, al argumentar que la empresa reúne las condiciones de seguridad para laborar, pero se busca llevarla a la quiebra para que otras ocupen su lugar.

Pilotos, aeromozas y personal administrativo acudieron a la casa de gobierno en representación de los 500 trabajadores que la compañía tiene en Nuevo León para pedir la intervención del gobernador, José Natividad González Parás, a fin de que gestione la reanudación de vuelos de la aerolínea.

En otro tema pero en los corrillos de la misma secretaría se comentó con gran revuelo y expectación que el Grupo Salinas demandará por daño moral a Gerardo Sánchez Henkel, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, y con ello buscar que se le finquen responsabilidades administrativas, civiles e incluso, si el caso lo amerita, también de orden penal. Se supo que los abogados de la empresa integraron un grupo de trabajo de altísimo nivel que labora a marchas forzadas para integrar la demanda cuyo contenido se mantuvo bajo reserva.