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México D.F. Martes 30 de noviembre de 2004

Confirma la información publicada por La Jornada el sábado pasado

De mi padre, la casa que vigilaba la PFP en Tláhuac: Francisco Cerezo

Hace más de 15 años que "no vivimos ahí" Denuncia hostigamiento constante hacia su familia

JAIME AVILES

La casa cuya fachada quedó registrada dentro de la cámara fotográfica de los agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), linchados el martes pasado en Tláhuac, la construyó el profesor Francisco Cerezo Quiroz, padre de los jóvenes Héctor, Antonio y Alejandro Cerezo Contreras, quienes desde agosto de 2001 están presos en el penal de alta seguridad de La Palma, estado de México, acusados de haber colocado petardos en sucursales bancarias de Xochimilco, en un hecho que fue atribuido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP).

Francisco Cerezo Contreras, hermano de los tres jóvenes sometidos a proceso, quien leyó el sábado pasado la nota publicada en este diario bajo la firma de Miguel Angel Velázquez, en la que se asienta que "el trabajo que desarrollaban los agentes de la PFP estaba encaminado a lograr información sobre los vínculos de un profesor que habría estado ligado a los hermanos Cerezo Contreras", dijo a este reportero que la afirmación es "correcta pero incompleta", porque "ese profesor es nuestro padre: Francisco Contreras Quiroz".

Antes de contar la historia de esa casa, misteriosamente vigilada por los investigadores de inteligencia de la PFP, Francisco Cerezo Contreras, en tono por demás irónico, se pregunta si éstos, "como buenos sicoanalistas, intentaban encontrar el origen del esperma que nos dio la vida".

La colonia Peña Alta, enclavada en el pueblo de San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac, donde ocurrieron los trágicos sucesos del martes 23 de noviembre, se localiza sobre la falda del cerro Teutli y "fue fundada de manera irregular hace más de 20 años", asegura el joven Cerezo Contreras y agrega que "ahí llegamos a vivir con nuestros padres, Francisco Cerezo y Emilia Contreras".

Poco después, continúa, "las autoridades delegacionales intentaron destruir las viviendas de dicha colonia, pero gracias a la intervención de mi madre y de las mujeres de la zona que se pararon frente a los bulldozers que ya habían derrumbado una casa, logramos quedarnos en ese lugar y construir nuestra casa con nuestras propias manos".

En ese sitio, abunda, "pasamos nuestra infancia acompañando al profesor a sus juntas vecinales y al trabajo comunitario, lo que permitió que la avenida Peña Alta tenga hoy 10 metros de ancho, una escuela primaria, luz, agua, drenaje, teléfono, una iglesia y pavimento. Sin embargo, hace más de 15 años, por motivos escolares, toda mi familia se fue a vivir a una zona más céntrica en la ciudad de México".

Por eso, redondea su exposición Francisco, "nos sorprende que la PFP vigile de manera constante, a través de su sección antiterrorismo, una casa en la que desde hace muchos años no vivimos".

Cerezo Contreras denunció que desde la detención de sus tres hermanos, el resto de su familia ha sido sometida a un hostigamiento ilegal y continuo, mientras los defensores de sus familiares presos "han demostrado jurídicamente que éstos no tienen nada que ver con los petardos, no son terroristas y, no obstante, se les mantiene en un penal de alta seguridad, sin comunicación con el exterior, esperando la resolución de un recurso de amparo que hace siete meses interpuso la abogada Bárbara Zamora para que puedan recobrar su libertad.

"Mis hermanos -enfatizó-, son rehenes del Estado mexicano y están presos para que las autoridades puedan detener al profesor que investigaban los agentes de la PFP, cuyo nombre es Francisco Cerezo Quiroz y también es nuestro padre."


Desconoce labores federales de inteligencia, afirma el funcionario

El GDF no tiene informes sobre operaciones de grupos guerrilleros en la capital: Encinas

BERTHA TERESA RAMIREZ

El subsecretario de Gobierno Alejandro Encinas, señaló que hace algunos meses las autoridades locales se reunieron con el entonces subsecretario de Gobernación, Ramón Martín Huerta, y representantes del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), para que se les informara qué tipo de investigaciones podrían estar desarrollando en el Distrito Federal, concretamente cuando se mencionó que podría haber presencia del grupo Al Qaeda en el país y en la ciudad de México.

El funcionario indicó que el reporte oficial que obtuvieron las autoridades locales tras esa reunión fue que no había ningún grupo subversivo operando en el Distrito Federal. "Ese es el único antecedente que tenemos y no se tiene ninguna notificación adicional de que se estuviera realizando alguna labor de inteligencia", indicó.

Entrevistado luego de la reunión del gabinete de seguridad, Encinas señaló que tras las revelaciones periodísticas de que los policías inmolados en San Juan Ixtayopan recababan datos sobre presuntos grupos subversivos, lo conducente es que las autoridades federales informen al gobierno capitalino el tipo de investigaciones que realizan y qué presunción existe sobre la existencia de algún grupo de este tipo en el Distrito Federal.

Precisó que debido a que la Secretaría de Seguridad Pública del DF se está coordinando con la Procuraduría General de la República (PGR) en las investigaciones sobre los hechos ocurridos en Tláhuac, será el secretario Marcelo Ebrard quien requiera esa información.


Respuesta de la SSP federal

La Secretaría de Seguridad Pública federal (SSPF) rechazó ayer que los agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) que fueron linchados el 23 de noviembre pasado en San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac, realizaran investigaciones sobre la presencia de presuntos grupos subversivos en la zona. Indicó que únicamente "tenían órdenes precisas de recopilar información sobre delitos denunciados por los propios ciudadanos sobre supuesta venta de droga al menudeo, secuestros y robo de vehículos".

Mediante un comunicado de prensa, la dependencia federal precisa que los oficiales que fueron ultimados, Víctor Mireles Barrera y Cristóbal Bonilla Martín, así como Edgar Moreno Nolasco, único sobreviviente del linchamiento, fueron comisionados como parte de las tareas que el propio reglamento interno les establece como sus responsabilidades.

Asimismo, la SSPF agrega que los tres agentes federales "atendieron la instrucción de los mandos superiores ante las denuncias existentes en el Centro Nacional de Atención Ciudadana de la PFP, donde pobladores del lugar referían la comisión de tales ilícitos, como lo hicieron en muchas ocasiones".

Finalmente, el boletín precisa que la Dirección de Terrorismo de la Coordinación General de Inteligencia para la Prevención de la PFP, a la cual estaban adscritos los tres agentes, tienen entre sus funciones investigar, a manera de prevención, acciones relacionadas con narcotráfico y delincuencia organizada.

Alfredo Méndez Ortiz


Agentes de la PGR violaron derechos, afirman colonos

Ante la CNDH, 21 quejas por arrestos y cateos en Tláhuac

Buscan diálogo con Macedo para que no se aprese a inocentes

MIRNA SERVIN VEGA

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 21 quejas por la actuación de los elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) durante la detención de pobladores de San Juan Ixtayopan, Tláhuac, y el cateo efectuado en sus domicilios el 24 de noviembre pasado, un día después del linchamiento contra tres agentes de la Policía Federal Preventiva.

Una comisión de colonos, en compañía del diputado federal Gilberto Ensástiga, se reunió ayer con José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, para solicitar información sobre las investigaciones que el organismo ha realizado desde el día de las detenciones.

Otro propósito del encuentro fue solicitar a la CNDH una visita a las 29 personas sujetas a proceso en el Reclusorio Norte, entre las que se encuentran dos policías preventivos del Distrito Federal.

Sobre esta petición, las autoridades de la comisión les informaron que este organismo ya contaba con las declaraciones de los detenidos, como parte de las investigaciones para determinar si se habían violado sus derechos humanos.

Entre los acuerdos tomados destaca que personal de la CNDH acudirá a San Juan Ixtayopan, acompañadas de parte de la comisión de representantes de los pobladores, para visitar los distintos domicilios que fueron cateados la noche del miércoles pasado, de "manera arbitraria y con violencia" según los afectados.

Asimismo, durante la visita a este organismo, representantes de la Unidad Habitacional Jardines del Llano, presentaron una nueva queja contra la Agencia Federal de Investigación, ya que sus elementos utilizan las instalaciones de la unidad como extensión de su propio terreno de trabajo. "Sus elementos entran y salen a todas horas por la unidad, pasan con sus vehículos e inclusive la han usado como helipuerto", por lo que existe gran inconformidad entre sus habitantes.

Gilberto Ensástiga explicó que entre las acciones que se están tomando para evitar que se encarcele a personas que no tuvieron que ver con el linchamiento se envió una carta a Rafael Macedo de la Concha, titular de la PGR, para solicitar un informe sobre las "supuestas pruebas" con las que cuenta la dependencia para fincar responsabilidades a los inculpados.

En el escrito se solicita a Macedo de la Concha una audiencia con los 14 miembros de la comisión del pueblo, para que los afectados puedan dar sus testimonios y conocimiento sobre los hechos.

Ensástiga añadió que, asimismo, buscarán un encuentro de este tipo con el procurador capitalino Bernardo Bátiz y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública local, Marcelo Ebrard, para establecer un diálogo directo entre los pobladores de San Juan Ixtayopan y las autoridades locales, además de plantearles sus requerimientos sobre seguridad en la zona.


Por su culpa el pueblo es visto como tierra de salvajes, dicen

Siguen protestas de vecinos; insisten en la destitución de Fátima Mena

MIRNA SERVIN VEGA

La inconformidad de los habitantes de Tláhuac sigue latiendo. Esta vez, unos 30 vecinos bloquearon entrada y salida principales de la delegación por casi dos horas y media, lo cual provocó caos vial en la zona, así como la llegada de la policía montada y un escuadrón de granaderos.

Los inconformes, vecinos de varios pueblos e integrantes de la Alianza de Organizaciones Ciudadanas de Tláhuac por la Trasparencia, pidieron nuevamente la destitución de Fátima Mena, jefa delegacional, ya que "no ha superado la crisis de ingobernabilidad en que se encuentra Tláhuac", tanto por la falta de atención a sus demandas de clausura de obras ilegales como por lo sucedido en San Juan Ixtayopan, hecho que, a su consideración, se pudo evitar, ya que Mena tiene bajo su mando 150 elementos de la policía delegacional.

A las 10 horas, tiempo marcado para iniciar el bloqueo, apenas unos 20 manifestantes se habían juntado justo en la entrada de Tláhuac, marcada por un par de arcos blancos, en avenida Tláhuac, esquina con la calle de Reno.

En ese momento, agentes de Seguridad Pública y algunas patrullas empezaban a igualar en número a los manifestantes que se organizaban en un costado de la calle, a lado de una camioneta con altavoz.

Quince minutos después, con la consigna de que pronto llegarían más compañeros, los vecinos aprovecharon un corte de tráfico para cerrar en ambos sentidos el paso de la avenida con la ayuda de dos mantas de unos seis metros de ancho en las que se leía: "Fuera Fátima de Tláhuac".

Los manifestantes exigieron revisar la administración de Fátima Mena y dijeron "estar cansados de las maniobras de los diputados del PRD para evitar que la asamblea cumpla con su papel fiscalizador de la corrupción imperante en las administraciones de Francisco Martínez y Fátima Mena".

Asimismo se inconformaron por el linchamiento del que fueron objeto tres policías de la Policía Federal Preventiva en un poblado de Tláhuac y culparon a la delegada de que ahora esta demarcación sea vista como "tierra de salvajes".

Al lugar acudieron 22 granaderos y 20 elementos de la policía montada que en todo momento se mantuvieron en una lateral de la avenida, aun cuando el bloqueo ya causaba estragos en el suroriente de la ciudad.

Varios funcionarios del gobierno del Distrito Federal buscaron negociar con los inconformes, pero como el reclamo era "la destitución de Fátima o nada", las pláticas no prosperaron.

Por la tarde, la delegación Tláhuac emitió un comunicado en que sostenía que este grupo exigía "sin base" el cese de Mena. Denunció que entre los organizadores del bloqueo está Florentino Salazar Mendoza, ex director general de Desarrollo Social de la pasada administración.


Su delito fue vivir cerca de lugar del linchamiento, afirman

Exigen justicia familiares de mecánico detenido el 24 en San Juan Ixtayopan

RENE RAMON CORRESPONSAL

Nezahualcoyotl., Mex., 29 de noviembre. El único "delito" que cometió Julio Roa Hernández fue vivir frente al lugar donde lincharon a tres elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) el martes pasado en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, dijo su esposa.

El miércoles pasado fue detenido por la Agencia Federal de Investigación (AFI) y consignado al Reclusorio Norte, por un delito que no cometió, señalaron su esposa y su hija, quienes se encuentran refugiadas en un domicilio de Nezahualcóyotl, lugar en el que demostrarán la inocencia del mecánico de aviación.

Abatidas, Alejandra García Rangel, y Xanat Roa García narraron que huyeron de su casa, ubicada en la calle Educación Tecnológica número 42, colonia Peña Alta, pueblo de San Juan Ixtayopan, el mismo día que elementos de la AFI la catearon, y se llevaron a Julio punta de pistola.

Alejandra y Xanat están presas del terror, temen regresar a su domicilio, que se encuentra abandonado desde el miércoles pasado, pues piensan que pueden ser aprehendidas por la AFI. La zona donde ocurrieron los hechos violentos aún está sitiada por las fuerzas federales y locales.

El martes por la tarde, Julio Roa y su hija Xanat regresaban del deportivo Tláhuac, donde la menor entrena a diario pues es atleta de alto rendimiento y tiene beca de la Comisión Nacional del Deporte.

A unos metros de su domicilio la turba enfurecida ya tenía cautivos a los tres elementos de la PFP, por lo que no pudo meter su vehículo a su domicilio; lo hizo en el garaje de uno de sus vecinos, a dos casas de la suya. Al ver lo que ocurría Julio y Xanat se metieron a su casa.

Aunque su morada se encuentra rodeado de un extenso jardín, desde el inmueble de dos niveles se podía observar lo que sucede en la calle. Algunos vecinos se subieron a la azotea para observar cómo linchaban a los tres policías.

Desde su jardín, Julio les pidió que se bajaran. En el interior de su morada hizo varias llamadas para que interviniera la policía. También llamó a Televisa. Julio, de 45 años de edad, quien es inspector de mantenimiento de Aeroméxico, nunca salió de su hogar la tarde-noche del martes 23 de noviembre, afirmaron su esposa e hija.

"Cómo va a participar en un homicidio si el es responsable de muchas vidas, tiene que revisar que los aviones estén en perfectas condiciones", indicó Alejandra García.

El pasado domingo, María Roa Hernández, hermana de Julio, acudió a un salón de eventos, en el municipio de Nezahualcóyotl, pues por radio se enteró que estaría presente el jefe de gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de que fue un acto privado, la mujer pudo acercarse a López Obrador, a quien suplicó justicia para su hermano. El jefe del GDF dejó en claro que el asunto está en manos federales, y le dijo que buscarían trato justo para los apresados.

Entrevistados este lunes, desde el exilio en Nezahualcóyotl, la familia de Roa Hernández está indignada, pues considera que violaron las garantías individuales de su familiar. "No han dado la oportunidad de defensa, con esto se destruye la vida de una persona que no tuvo que ver con los hechos violentos", acusó la esposa.

Ella y su hija aún temen lo peor, no quieren regresar a su casa pues les preocupa que durante el cateo los policías federales "hayan sembrado evidencias en su contra".

Refirieron que la cámara que Canal 40 encontró el miércoles 24 en la azotea de uno de los inmuebles de su vivienda no estaba un día antes.

Ellas salieron con lo que llevaban puesto ese día. No tienen ropa limpia, tampoco dinero. Xanat no se ha presentado a clases desde la semana pasada y sus entrenamientos, supervisados por la Conade también los ha suspendido.


Por ley, el presidente Fox puede remover también al jefe de la policía del DF, afirma

De hallársele responsable, se actuará contra Martín Huerta: Rubén Aguilar

Refuta Altamirano Dimas a Batres: "no ha existido reforma alguna al Estatuto de Gobierno"

CIRO PEREZ Y ALONSO URRUTIA

El gobierno de la ciudad de México debe estar consciente de que el presidente Vicente Fox tiene por ley la posibilidad de remover al jefe de la policía capitalina, Marcelo Ebrard, advirtió ayer el vocero presidencial, Rubén Aguilar, quien aseguró también que de resultar alguna responsabilidad de secretario de Seguridad Pública federal, Ramón Martín Huerta, el gobierno actuará sin ninguna distinción.

En la investigación sobre las ejecuciones en Tláhuac, la Presidencia de la República "no exculpa a nadie ni inculpa a nadie" y esperará a conocer el resultado de las investigaciones para pronunciarse al respecto, destacó el vocero de la Presidencia, luego de señalar que el gobierno foxista se ha caracterizado por tratar de construir una cultura de la legalidad y de respeto al estado de derecho. Reiteró que el gobierno actuará sin ninguna distinción a partir de lo que revelen las investigaciones.

Al ser interrogado sobre la muerte de dos policías en aquella delegación, Rubén Aguilar enfatizó que el Gobierno del Distrito Federal debe estar consciente de que la ley le otorga al presidente Vicente Fox la posibilidad de remover de su cargo al jefe de la policía de la ciudad de México, Marcelo Ebrard. "Es un derecho del Presidente, simplemente. El estado de derecho se construye en el respeto a las leyes."

El vocero presidencial insistió en que el jefe del Ejecutivo dio instrucciones "muy precisas" para que se haga justicia. Destacó que Vicente Fox está "molesto e indignado, como todos nosotros, con lo que ocurrió ese día. Es una situación de barbarie que no podemos admitir, todos debemos sentirnos dolidos por lo ocurrido".

Rubén Aguilar insistió en que si como producto de la investigación hubiera otros elementos que contradijeran el hecho de que los policías linchados hacían una investigación sobre la venta de narcóticos al menudeo, esa información se hará pública.

Señaló que el hecho mismo de que se cometa un crimen multitudinario, como el de la semana pasada, no exculpa la responsabilidad moral de los actores en lo individual, pero también de los funcionarios que pudieron haber cometido algún delito por negligencia o por no haberse presentado en el momento o en el marco de sus atribuciones.

"No exculpamos ni culpamos a nadie, hasta que estén los resultados de la investigación", insistió el vocero presidencial.

Altamirano reta a Batres

Por otra parte, al responder a las declaraciones realizadas el domingo pasado por el subsecretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, el vocero de la Secretaría de Gobernación, Gonzalo Altamirano Dimas, subrayó que no ha existido reforma alguna al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal que incorpore la disposición de que en la remoción del jefe de la policía capitalina tenga que ser en acuerdo con el Ejecutivo local.

La única disposición vigente es que en el nombramiento del secretario de Seguridad Pública el Presidente hará la designación, a propuesta del gobernante capitalino. En el caso de la remoción sólo procede como facultad del presidente o bien a solicitud del jefe de Gobierno de la ciudad de México.

"Yo emplazo a Batres para que haga público de cuál reforma al Estatuto está hablando y me comprometo a pagar una plana en La Jornada para difundir esa reforma que él dice que existe."

-En cualquier caso, Ƒestá pensando el gobierno federal en remover a Marcelo Ebrard?

-Es una facultad del Presidente que la puede ejercer en cualquier momento -respondió Altamirano Dimas.


Seguimiento en Tláhuac

Pide Ebrard a la PFP informe qué indagaban policías

MIRNA SERVIN VEGA

El titular de la policía capitalina, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que ayer solicitó al comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP) un informe sobre las investigaciones que realizaban sus elementos en San Juan Ixtayopan el 23 de noviembre pasado, cuando fueron golpeados y quemados.

Señaló que para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local es muy importante tener la información de los propósitos de esa investigación, entre otras razones, explicó, para poder tener claridad de lo que ocurrió.

"Nosotros esperamos que las autoridades federales hagan del conocimiento del gobierno de la ciudad, y en particular de la SSP, cuál era la razón de la presencia de la unidad de terrorismo ahí. Sea lo que sea que estuvieran investigando."

Por su parte, el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, sostuvo que él no ha recibido citatorios de la Procuraduría General de la República para declarar sobre lo sucedido en Tláhuac; por el contrario, detalló, la dependencia a su cargo entregó el informe solicitado sobre el personal de la Policía Judicial que estuvo presente el día de los hechos, quienes fueron encabezados por Damián Canales, jefe de la Policía Judicial

Bátiz añadió que dependiendo de la investigación de la Procuraduría General de la República podría ser citado a declarar Canales, quien encabezó el rescate y dio la orden de subir al kiosco.

"Quizá será uno de los que vayan a declarar y probablemente algunos otros mandos, y quizá a los que intervinieron más directamente en recuperar los cuerpos, retirarlos del lugar, los que estuvieron presentes. No sé cuántos", puntualizó Bernardo Bátiz.


Residencia oficial

Recibe Fox a la viuda e hijos de agente inmolado

CIRO PEREZ SILVA

El presidente Vicente Fox se reunió por la mañana, en la residencia oficial de Los Pinos, con los familiares del subinspector Víctor Manuel Mireles Barrera, asesinado en los hechos violentos ocurridos la semana pasada en San Juan Ixtayopan, en la delegación Tláhuac.

Durante el breve encuentro privado, al que asistieron Rosa Linda de los Santos, Víctor Hugo Mireles de los Santos y Cristian Mireles de los Santos, esposa e hijos del oficial inmolado, a quienes Fox Quesada les manifestó su "sentimiento, de verdad, de todo corazón" por el deceso de Mireles Barrera.

"Para nosotros es también sumamente doloroso lo que vimos, y sobre todo tratándose de servidores públicos de la calidad, del compromiso, de la entrega con la que estaban trabajando. Entonces, con base en esto, podemos asegurarnos de que se haga justicia; de que los culpables paguen por esto. Estamos procediendo, ya hay detenidos, están las investigaciones en marcha. También vamos a hacer investigaciones hacia adentro, para ver cómo operaron las cosas en los cuerpos policiacos", ofreció a la familia el Presidente de la República.

"Para mí, lo más importante es la vida de una persona, es apoyar decididamente a los servidores públicos que tienen esa cualidad y que trabajan con esa entrega. Por eso quería yo platicar con ustedes, aunque sea unos breves momentos. Así que, de verdad, estamos con ustedes de todo corazón", insistió Vicente Fox.

La respuesta de Rosalinda de los Santos fue aún más breve: "pues se lo agradezco y pues lo único que le pido es que no nos desampare, porque nos hemos quedado completamente solos", dijo antes de retirarse de la residencia oficial, acompañada de sus hijos.

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