Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Jueves 12 de diciembre de 2002
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Sociedad y Justicia

Caso del estallido de petardos en 3 sucursales de Banamex

13 años de cárcel, sentencia contra los Cerezo Contreras

Terrorismo y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, entre los cargos El MPF no acreditó acusaciones: la defensa

JESUS ARANDA

Los hermanos Héctor, Alejandro y Antonio Cerezo Contreras, o Alonso Herrera Vázquez, fueron sentenciados a 13 años seis meses de prisión y a pagar una multa de 351 salarios mínimos por violar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, terrorismo, almacenamiento de artificios y posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

La sentencia, dictada por el juzgado tercero de distrito "B" de procesos penales federales en el estado de México, es producto de la investigación que realizaron de manera conjunta la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ejército Mexicano, a raíz de los estallidos de petardos en tres sucursales de Banamex, ocurridos en 2001.

La abogada defensora de los hermanos Cerezo Contreras, Bárbara Zamora, cuestionó que la sentencia fuera dictada "con criterios políticos, no jurídicos", toda vez que el Ministerio Público Federal (MPF) no acreditó "ni una sola prueba" que demostrara la culpabilidad de sus clientes.

Comentó en entrevista que el juez de la causa no tomó en cuenta las múltiples irregularidades que hay en las imputaciones del MPF, por lo que hizo un llamado al Poder Judicial de la Federación para que en la segunda instancia -la sentencia se revisará en un tribunal colegiado- "se haga una revisión más exhaustiva y objetiva" de las pruebas de descargo que presentó la defensa, en las que "se comprueba su inocencia".

Según informó la PGR, en la resolución del juzgado tercero de distrito "B" también fue sentenciado Pablo Alvarado Fores a 10 años de prisión y 296 días de multa, al haber sido encontrado culpable de los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en su modalidad de terrorismo y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Por lo que respecta a Sergio Galicia Max -quien se encuentra en libertad provisional-, fue absuelto del delito de posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Por otro lado, el juez ordenó el decomiso del "numerario de curso ilegal extranjero" -cuando fueron detenidos, la PGR afirmó que en el cateo de cuatro domicilios decomisó a los detenidos armas y 171 mil dólares-, así como diversos objetos relacionados con la causa penal, como aparatos electrónicos y de radiocomunicación. Asimismo, ordenó la destrucción de discos, videocintas, uniformes tipo militar, pancartas, propaganda subversiva "y demás enseres relacionados, por ser objeto de delito".

En relación con el armamento incautado -según la PGR se trata de seis armas de fuego calibres 9 mm, 380 y 8 súper; 460 cartuchos útiles de diversos calibres y cinco dispostivos electrónicos para artefactos explosivos-, el juez notificó a la XX Zona Militar, con sede en el estado de México, que determine su destrucción o aprovechamiento lícito.

Sobre el particular, la abogada Zamora señaló que si bien la PGR afirmó en sus acusaciones que en las actas de cateo se detallaba sobre las armas y el supuesto equipo, lo cierto es que éste se realizó de una manera irregular, porque no se cumplió con los procedimientos de ley; por ejemplo, no se acomodaron ni etiquetaron las armas ni los cartuchos -como debió hacerse, y que además tendrían que llevar la firma de testigos-, por lo que ese procedimiento carece de valor jurídico.

Además, indicó, en ninguna de las tres fe de actos que se levantaron se hace referencia a dichas armas o a los cartuchos, lo que también anula la legalidad de las actas de cateo.

Los ahora sentenciados fueron detenidos en agosto de 2001, como resultado de diversos cateos realizados en inmuebles ubicados en San Francisco Culhuacán, delegación Coyoacán; en la colonia Valle de los Reyes, municipio de Los Reyes la Paz, estado de México; en la colonia La Cañada, delegación Xochimilco.

Desde el principio, Héctor Cerezo Contreras, de 22 años; Alejandro Cerezo Contreras, de 19; Antonio Cerezo Contreras, o Alfonso Herrera Vázquez, de 25, y Pablo Flores Alvarado, de 43, fueron recluidos en el penal de máxima seguridad de La Palma, en el estado de México, acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario.

Sin embargo, en su comunicado la PGR ya no hizo mención alguna de su presunta pertenencia a ese grupo armado.

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