El rechazo de la Cámara de Senadores a la iniciativa para destinar un peso por cada boleto de las taquillas cinematográficas al impulso del cine nacional, aprobada previamente por los diputados con el voto favorable de todas las fracciones parlamentarias, constituye un duro revés para la industria y los creadores fílmicos mexicanos. En tal propuesta se preveía que los recursos recaudados por los derechos de ingresos en taquilla constituyeran un fondo para promover y apoyar las producciones cinematográficas nacionales, una idea recibida con satisfacción por la comunidad artística e intelectual del país.

Aunque tal gravamen no sería pagado por los distribuidores y exhibidores de cine, sino por los espectadores, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma (Canacine) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) emprendieron una efectiva acción de cabildeo para que el Senado diera marcha atrás a esta saludable propuesta. Con ello, no sólo expresaron su desinterés por el cine y la cultura nacionales, sino que mostraron una poco menos que sospechosa resistencia al escrutinio fiscal de sus ingresos por taquilla y una más que evidente entrega a los intereses de la industria fílmica estadunidense, plagada de cintas de escasa calidad y carentes de vínculos directos con la idiosincrasia y la cultura nacionales.

Por su parte, sorprende que una iniciativa benéfica para el conjunto de la sociedad y avalada ampliamente en la Cámara de Diputados haya sido descartada por el Senado con tal rapidez y contundencia (sólo el senador Javier Corral Jurado le concedió su voto favorable). Tal situación o bien revela que la Cámara Alta ha dado la espalda al cine mexicano para proteger los intereses de las empresas trasnacionales de entretenimiento y sus comparsas nacionales o, por el contrario, muestra una aguda falta de análisis y perspectiva de parte de quienes están obligados a legislar en bien de la sociedad y no en favor de estamentos particulares.

Tras ser rechazada esta propuesta, sólo queda que el pleno de los diputados asigne, vía presupuestaria, a las instancias de promoción de la cinematografía nacional, como Imcine y Fidecine, los fondos necesarios para su operación. En las actuales condiciones del país, habría resultado meritorio que los distribuidores y exhibidores fílmicos avalaran solidariamente la iniciativa de destinar un peso por cada boleto vendido para dar aliento al cine mexicano sin distraer recursos tan necesarios en otros rubros del gasto público. Ellos mismos habrían sido, cabe señalar, parte de los beneficiados, pues contarían con más y mejores cintas producidas en México, obras que en tiempos recientes han probado ser exitosas en términos comerciales.

La mezquindad de unos cuantos parece haberse impuesto, al menos en el pleno senatorial, a la promoción de una industria tan importante para el desarrollo y la independencia cultural del país como es la producción cinematográfica.