A más de 11 meses del sismo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) atiende hasta el momento 120 quejas, de manera primordial por la incertidumbre jurídica que enfrentan muchos damnificados, informó su presidenta, Nashieli Ramírez, quien presentará un informe especial y emitirá dos recomendaciones a las autoridades capitalinas.

Al respecto, la primera será por omisiones previas al temblor del 19 de septiembre, pues hay cosas que se debieron haber evitado y se documentaron violaciones relacionadas con la autoridad, no sólo cuestiones entre particulares.

La otra se dictará porque no se ha asegurado el derecho a la vivienda de mucha gente que ha sido desplazada, habita con parientes o no cuenta con un techo para hacerlo, lo que ha generado un gran problema.

Asimismo, hay procesos como la autoconstrucción y la edificación de casas sin evidencia científica, que no resistirían otro temblor; esas han sido algunas salidas, pues no vislumbramos rutas de emergencia y todavía no están claros los métodos para avanzar en una reconstrucción integral, afirmó la ombudsman capitalinas.

En la conferencia Directrices para la Reconstrucción con Enfoque de Derechos Humanos, señaló que la redificación no sólo son ladrillos, sino lograr un involucramiento de la comunidad.

Diariamente se han presentado en la CDHDF tres quejas, pero muchas se quedan en el área de servicios y otras han sido atendidas, por lo que sólo tenemos 120 y no mil acumuladas, aunque no hay día en que no tengamos una nota que hable de la fallida reconstrucción. El principal problema que enfrentan los damnificados es el de tenencia de la tierra, a lo que se suma la lenta entrega de financiamiento y además evitar que este proceso se convierta en un negocio.

Al momento no hay desalojos, pero sí insuficiencia de directores responsables de obra y capacidad técnica, lo que ocasiona que la gente resuelva su problema como puede: en Xochimilco, con la autoconstrucción, y en Iztapalapa con casas antisísmicas que se caen.

Por su parte, la ex relatora especial de las Naciones Unidas para el Derecho a una Vivienda Adecuada, Raquel Rolnik, señaló que los problemas a los que se enfrentan los damnificados es que se ha romado el proceso de construcción de casas sin considerar el daño a la estructura social, no atender lo relativo a la tenencia de la tierra, la vulnerabilidad en que viven muchas familias y el riesgo de que la reconstrucción se convierta en un negocio.