Sociedad y Justicia
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El estudio es incompleto, tiene deficiencias técnicas y criminaliza la lucha, afirman

Comunidades afectadas por la construcción de la presa El Zapotillo rechazan aval de la ONU
 
Periódico La Jornada
Jueves 13 de julio de 2017, p. 31

Representantes de las comunidades afectadas por la construcción de la presa El Zapotillo rechazaron el estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) y ONU Medio Ambiente, en el cual se basó el gobierno de Jalisco para validarla.

Tiene deficiencias técnicas importantes, pues el modelo se basa en variables de presa, sin tomar en cuenta la viabilidad de la misma; es incompleto, porque no aporta elementos para la gobernanza ni ayuda a la resolución del conflicto presente en el Río Verde; es costoso, al no aportar mayores datos, dijeron, y agregaron que también criminaliza a sus asesores y a su lucha.

El 29 de junio pasado, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, dio a conocer que la cortina de la presa El Zapotillo se terminará de construir a 105 metros de altura, basado en el estudio encargado por el mismo gobierno jalisciense y que tuvo un costo de 90 millones de pesos.

En conferencia de prensa, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), así como el Colectivo Abogados, indicaron que en el proyecto Jalisco sostenible, cuenca del Río Verde, se propusieron cinco escenarios, cuatro que validan la construcción de la presa con una cortina de 105 metros y sólo uno consideró ésta a 80 metros.

Con la presa El Zapotillo –promovida desde 2005– se prevé la inundación de tres comunidades: Temacapulín, Palmarejo y Acasico, señalaron.

Gabriel Espinoza, del Comité Salvemos Temacapulín, indicó que las comunidades que se verán afectadas no han sido consultadas sobre este proyecto y no aceptarán que los reubiquen, pues no tienen seguridad legal de las nuevas propiedades, no hay servicios de agua, luz, ni de educación y salud.

Asimismo, exigieron a los diputados federales y estatales no autorizar los presupuestos para la construcción de la presa, garantizar el respeto de los derechos humanos a los pueblos y el cumplimiento del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dictamina que la cortina de la presa no debe rebasar la altura máxima de 80 metros.

Instaron a los presidentes municipales de los Altos de Jalisco a que no aprueben los cambios de uso de suelo, y a Naciones Unidas a revisar el comportamiento y trabajo desarrollado por la Unops y ONU Medio Ambiente en Jalisco y a verificar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la realización del estudio.