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Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento Cultural de La Jornada Domingo 14 de diciembre de 2014 Num: 1032 |
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Orlando Ortiz La cuadratura del círculo A raíz del “Decálogo de Peña Nieto”, como se ha dado en llamar al plan de diez puntos por la justicia que dio a conocer el Ejecutivo el 27 de noviembre, se levantaron comentarios y críticas a diestra y siniestra; una ristra de juicios que llega a nuestros días y seguirá dando material para todos y todo. A mí me remitió casi de inmediato a la polémica y lucha entre centralistas y federalistas que se dio después de la consumación de la Guerra de Independencia. Porque el planteamiento de que la federación pueda intervenir en los municipios para desaparecer a sus autoridades y cuerpo policíaco, si se sabe que está intervenido por el crimen organizado, es un arma de dos filos y devela (o puede revelar) una actitud centralista que puede devenir en dictadura. De cada uno de los “diez mandamientos” podría hacerse algún comentario, pero me llama la atención que se obvie la cuestión de la justicia. Muchos son los que señalan la ausencia de lo relativo a la corrupción y la impunidad. Esta separación, creo, no debería hacerse, pues desde mi punto de vista la impunidad es lo que propicia y estimula la corrupción. No se tocó para nada al Poder Judicial, núcleo muy importante si quiere alcanzarse la justicia. Esto ya se señalaba desde el siglo antepasado, que el sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo era la raíz de muchos de los males del país. ¿En esta ocasión se le encontrará la cuadratura al círculo? La cosa es complicada, porque suponiendo que se lograra alcanzar ese objetivo de “la justicia es igual para todos”, se puede suponer que no quedarían exentos de ser juzgados, en su caso, los jueces y los agentes del Ministerio público venales, mismos que han sido objeto de suspicacias en muchas ocasiones. Pero, en tal caso, ¿quién los juzgaría? ¿Otro colega? El sospechosismo (como dijo “aquél”) brincaría de inmediato, y más todavía si el convicto o juzgado “resultara” inocente y quedara en libertad. Lo cual no es raro, pues sucede con frecuencia y con peces grandes del narco o de la delincuencia organizada.
En tal caso tendríamos que sacar del rincón donde quedó arrumbada y quitarle las telarañas a eso que se llamaba “Jurado Popular”, al que se recurría cuando un empleado federal cometía un delito; los así juzgados fueron siempre (o casi) carteros que habían extraído dos o tres billetes de alguna carta, recurso utilizado por quienes ignoraban la existencia del servicio de giros postales, desconfiaban de él, o necesitaban enviar el dinero a un pariente analfabeto que seguramente no sabría qué hacer al recibir el giro. Que yo recuerde, nunca un funcionario de alto nivel pasó por ese trance. Ahora, suponiendo que esa fuera la vía para juzgar a jueces y Ministerios Públicos corruptos, la indignación popular es tal que no me extrañaría que se demandara el establecimiento de la pena de muerte, linchamiento o lapidación. Esto sería demasiado, sin embargo debe quedar claro que en la base de la inconformidad e indignación está la actual impunidad que prevalece cuando se trata de castigar a jerarcas y funcionarios corruptos, entre los cuales hay algunos que presumiblemente deberían ser quienes se encargaran de punir a los infractores de la ley. El peligro del “terror” estilo Revolución francesa sería mucho. La figura del Jurado Popular se establece desde 1880 en el Código de Procedimientos Penales, con el nombre de “jurado de responsabilidad”; y ya en el México independiente, a poco de consumada la guerra, en diciembre de 1821, se ratifica su validez. A partir de esa fecha, con cambios de matices a veces, la figura prevaleció, y en la Constitución de 1917 se votó por unanimidad el proyecto del artículo 111 que, según José Ovalle Favela, “establece que los delitos oficiales cometidos por los funcionarios públicos” siempre deben ser juzgados por un Jurado Popular. Entre los matices que mencionaba más arriba, está que a veces se le ubicó como delito civil y a veces como delito criminal. La pregunta es inevitable: ¿por qué no se ha utilizado el artículo 111 en los muchos casos en los que se debería de haber enarbolado? Porque el artículo mencionado sigue vigente (hasta donde yo sé), pero en 1979 se le hizo una modificación, que no cambió la redacción al artículo, pero sí le quitó el filo. Esta reforma estaba en contradicción total con el espíritu de la ley original, pero se hizo a un lado ese pequeño detalle. De esta manera quedó abierto el camino hacia la impunidad de las instancias judiciales. ¿Los legisladores lo habrán hecho inocentemente o con todas las agravantes? |
