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Explotaciones mineras indeseables
La ciudadanía de esta entidad ha rechazado durante los últimos cuatro años la concesión de miles de hectáreas a empresas canadienses para la explotación de minas de oro a cielo abierto, con uso de explosivos y sustancias tóxicas como cianuro. También pide la revisión de las leyes que permiten operar ese tipo de industria en la entidad. Organizaciones ambientalistas, cámaras empresariales, políticos, autoridades, académicos y ciudadanos exigieron la cancelación de los proyectos de minería autorizados por el gobierno federal, debido al riesgo que representan para la salud, el ambiente, la producción de agua y las actividades productivas de la zona, en especial el turismo y la agricultura orgánica. La autorización de la manifestación de impacto ambiental del proyecto Paredones Amarillos, en 350 hectáreas de la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, principal fuente de agua dulce de los municipios de La Paz y Los Cabos, movilizó a la ciudadanía y obligó en 2011 a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a frenarla mediante el rechazo del cambio de uso de suelo de forestal a minero. El proyecto lo promueve la trasnacional canadiense Vista Gold. Ante la determinación de la autoridad ambiental, anunció el reinicio de los trámites, ahora con el nombre de minera Concordia. Y es que ante el repunte del precio del oro y otros metales, empresas extranjeras, sobre todo canadienses, reanudaron los procedimientos administrativos en las zonas donde obtuvieron concesiones del gobierno federal desde la década de 1980. Ya se han otorgado al menos siete concesiones para la explotación de oro en Baja California Sur. Se trata de Picacho Blanco, Paredones Amarillos, San Antonio, Minera Baja California, Minera María, El Triunfo, y en Loreto hay un proyecto en fase de exploración. Los grupos ciudadanos y los especialistas cuestionaron oportunamente el doble discurso del gobierno federal anterior en materia ambiental. Y es que mientras el presidente Calderón declaraba en foros internacionales que México realizaba importantes acciones para detener el cambio climático, por otro otorgaba concesiones en todo el territorio nacional para la operación de una industria contaminante y peligrosa, que utiliza procesos prohibidos en otras partes del mundo. Sólo el proyecto Concordia, iniciado en 2009, prevé el uso diario de 16 toneladas de cianuro para separar el oro de las rocas, lo que representa el paso de cuatro camiones cada día por la ciudad de La Paz durante nueve años y medio. Además, se cavaría un cráter de dos kilómetros de diámetro y 450 metros de profundidad. Las explosiones y la trituración de piedras que contienen oro formaría una nube de polvo con partículas de arsénico que, según el Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur, se esparciría en un radio de 170 kilómetros, lo que contaminaría la flora y fauna, destruiría los cultivos orgánicos y pondría en riesgo la salud de la población. Los empresarios de Concordia ofrecen 200 puestos de trabajo durante el tiempo que dure la extracción de oro, pero a cambio acabarán con la agricultura orgánica de la zona que da trabajo a 10 mil personas. Se supo que a las concesiones anteriores se suma otra de 44 mil hectáreas otorgada por la Secretaría de Economía en favor de Pediment Incorporated (canadiense) para instalar una mina de oro a cielo abierto en un área aledaña a desarrollos turísticos y muy cerca del Mar de Cortés, en el municipio de La Paz. Y una más de mil 445 hectáreas asignada a un particular en el cerro de la Trinidad, en el municipio de Los Cabos. Este último lugar es el preferido para el descanso de celebridades de Estados Unidos y Europa. ¿Aceptarían visitarlo sabiendo que encontrarán en el aire hasta residuos de cianuro? No cabe duda que los proyectos mineros a cielo abierto en esa entidad del noroeste de México amenazan el agua, el turismo, la agricultura y miles de empleos. Han logrado unificar a la sociedad en un frente que por la vía legal busca evitar que se instalen allí. Y es que, entre otras cosas, peligra la principal fuente de abasto de agua dulce de la entidad por los proyectos a cielo abierto para la extracción de oro. Uno de ellos es una amenaza para la Sierra de La Laguna, reserva de la biosfera. Las canadienses Pediment Gold y Vista Gold buscan instalarse en dicha zona, a unos 40 kilómetros de La Paz, lo que, según los ambientalistas, también afectaría al turismo. La Sierra es el enorme reservorio, la fábrica por excelencia de agua para el sur del estado. La población y la agricultura dependen de ella. En las recientes décadas, los sucesivos gobiernos han dicho que Baja California Sur tiene vocación turística y en base a ello se han hecho inversiones multimillonarias. Los polvos que produzca la minería cubrirán un radio de 170 kilómetros, afectando a los centros turísticos más importantes. La Sierra de la Laguna es una de las 41 reservas de la biosfera que hay en México, y fue decretada como tal en 1994 por la UNESCO. Sus defensores difunden en internet la declaración del biólogo Víctor Anguiano, anterior jefe de departamento de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), quien dijo que la minería no es compatible con la conservación de los recursos naturales. “Implicaría devastar todo, todo lo que esté ahí, pero no nada más eso, implicaría la contaminación de los mantos acuíferos con arsénico o cianuro; es un riesgo ecológico considerable”, puntualizó. |
