DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER
SUPLEMENTO MENSUAL  DIRECTOR: IVAN RESTREPO  
EDICIÓN: LAURA ANGULO   8 DE ABRIL DE 2013 
NUMERO ESPECIAL


Portada

Presentación

Rechazan mina de oro en Temixco

Minería, industria de muchos contrastes
Elia Baltazar

La fiebre del oro llega a Grecia y la empobrece más
Margarita Paona

La minería en el mundo y en México

Invierta en México y gane mucho dinero

El sector minero contribuye a la mitigación ambiental en Bolivia

La minería en Australia pone en peligro la Gran Barrera de Coral
Fabiola Torre

Explotaciones mineras indeseables en Baja California Sur

Los indígenas colombianos contra la minería depredadora

La minería crece y crece, pero no a favor de todos

¿Y en China?

Más y más oro en México, pero….
Carla Rodríguez

Oposición en Perú a las trasnacionales mineras


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Oposición en Perú a las trasnacionales mineras

En América Latina, aflora desde hace años la oposición a que se exploten irracionalmente los recursos minerales. Varios conflictos tienen lugar en Perú, donde en aras de atraer inversión extranjera y lograr el crecimiento económico, se dio vía rápida a la presencia de las trasnacionales, olvidando los daños que ocasionan a la naturaleza y a las comunidades.


Paro laboral en Cajamarca, Perú

Durante la campaña electoral del presidente Ollanta Humala, una de las exigencias más socorridas por los grupos económicos fue precisamente respetar la inversión trasnacional minera. Durante el gobierno anterior se convirtió en uno de los motores del crecimiento de la economía, que no del desarrollo o de una mejor distribución del ingreso y la riqueza. Aun así, Perú ha logrado reducir sus niveles de pobreza, un pendiente que arrastra desde siempre. Humala prometió respetar dicha inversión para evitar que, a su triunfo, se creara un pánico económico, fuga de capitales.

La minería es la actividad de más rápido crecimiento las décadas recientes y representa más de 60 por ciento de las exportaciones peruanas. La producción de cobre se duplicó en poco más de un lustro y la de oro en un tercio. La minería la controlan 10 grandes trasnacionales. Pero este acelerado crecimiento ha ido de la mano de conflictos sociales y políticos.

Enseguida, un ejemplo.

En noviembre del 2011, y a exigencia del gobierno, la compañía minera Yanacocha, decidió paralizar su proyecto de explotar un enorme yacimiento de oro y cobre en la región de Cajamarca, principal productora de oro de dicho país, con el fin de restablecer la tranquilidad y la paz social. La compañía cuenta con todos los permisos gubernamentales para sus trabajos e invertir casi 5 mil millones de dólares. Pero tanto funcionarios como empresarios olvidaron consultar a la gente que, virtualmente, paralizó Cajamarca durante una semana al cerrar el aeropuerto y bloquear las principales carreteras de la región.

Los inconformes se enfrentaron a la fuerza pública con saldo de 20 personas heridas. La oposición nace, entre otros motivos, porque la reserva de oro y cobre se ubica donde existen cuatro lagunas que son claves para el buen estado de varias cuencas fluviales, básicas para el consumo humano y la agricultura. Humala apoya dicho proyecto y pidió en ese entonces que las partes en conflicto discutieran su viabilidad y llegaran a una solución que beneficie a todos.

Para la población la única salida es que el proyecto se cancele. Y para lograrlo sigue en pie de lucha. Ahora con un paro que dura más de una semana. Gregorio Santos, presidente de la región peruana de Cajamarca y líder de las protestas, exigió la renuncia de Humala por incumplir su promesa de defender el agua.

Además de Cajamarca, en la región de Apurímac la oposición a la minería está en pie. Y mucho más en la de Espinar, en el sur del país, donde a fines de mayo pasado las protestas contra otra minera (la suiza Xstrata Tintaya, que extrae cobre) dejó dos muertos, decenas de heridos y detenidos. El gobierno tuvo que declarar estado de emergencia ante la situación imperante.

El motivo de la oposición es que la minera contamina el agua con metales pesados, algo documentado en varios estudios. Mientras, el gobierno insiste en que quiere una minería responsable.

También en Panamá hay oposición a la minería irresponsable. La policía de ese país fue señalada de matar a dos indígenas de la etnia ngäbe-buglé al desalojar a quienes tenían bloqueada la carretera Panamericana y otras vías de comunicación en la región limítrofe con Costa Rica. Los indígenas y otros pobladores llevaban una semana protestando contra un proyecto minero para extraer oro y cobre y la construcción de una hidroeléctrica en las provincias de Chiriquí y Veraguas.

El presidente panameño, el empresario Ricardo Martinelli, había prometido proteger la riqueza natural de la región, donde habitan los 200 mil integrantes del pueblo ngäbe-buglé, muy combativos en la defensa de sus tierras, donde practican la agricultura de subsistencia: maíz, arroz, frijol, yuca y plátano. Igualmente se ocupan como jornaleros en las grandes fincas bananeras o migran a Costa Rica en la época de la recolección de café. Son finos artesanos. Luego de intensas negociaciones con los inconformes (a los que apoyan sindicatos obreros, defensores del medio ambiente y las comunidades indígenas locales y de Costa Rica), el gobierno aceptó negociar el futuro de la explotación minera e hidroeléctrica.
Igual se protesta en Argentina. Como en Famatina, un pueblo de 6 mil 500 habitantes enclavado en la cordillera de los Andes. Allí no cesa la oposición a que una minera canadiense realice durante 30 años trabajos a cielo abierto para sacar oro con valor cercano a 25 mil millones de dólares. Los pobladores de Famatina consideran que la explotación minera será una fuente de contaminación del agua y de la tierra y origen de muchos más problemas, como ocurre en las provincias de Catamarca y Tucumán, cuya población no ha salido de la pobreza. En la primera se ubica la más grande mina a cielo abierto del país, Alumbrera, rica en oro y cobre, y es muy cuestionada porque demanda mucha agua y contamina.

La lucha en Famatina cuenta con el apoyo de diversos grupos sociales y de personajes de la vida pública que cuestionan la política del gobierno argentino de intensificar la actividad minera como forma de atraer inversión extranjera y aumentar el ingreso público.

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