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Se deberán restaurar los recursos afectados, dice Bueno Torio

Exhorta Senado a emprender acción judicial contra BP por el derrame de crudo en 2010
 
Periódico La Jornada
Viernes 10 de febrero de 2012, p. 30

El Senado de la República exhortó al Ejecutivo federal a emprender de manera inmediata las acciones judiciales necesarias en contra de la empresa British Petroleum y otras partes responsables por el derrame de hidrocarburos que provocó la explosión en la plataforma Deepwater Horizon, el 20 de abril de 2010 en el Golfo de México. Esta acción, se indicó, permitirá recuperar los fondos que serán esenciales para la restauración de los recursos naturales afectados.

El senador panista Juan Bueno Torio presentó el punto de acuerdo ante el pleno, y pidió que se considere de urgente y obvia resolución. Expuso que los gobiernos de los estados de Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo demandaron el pago de 1.2 mil millones de dólares, 2.2 mil millones y 900 millones de dólares, respectivamente.

Dichas cantidades, explicó el senador Bueno Torio, se basan en los daños y perjuicios que ha sufrido y que afectarán a los estados mencionados durante los próximos dos años, principalmente los perjuicios al turismo y la pesca.

Precisó el panista que México cuantificó daños y perjuicios por encima de 2 mil millones de dólares, y creemos que será de enorme beneficio para el país y los ciudadanos iniciar una acción en contra de las partes responsables de la tragedia ecológica. Subrayó que es importante que el gobierno federal actué lo más pronto posible contra los responsables de esta tragedia ecológica, ya que el procedimiento sigue su curso y a la fecha México ha perdido algunos de sus derechos de acción, debido a la terminación de cláusulas importantes dentro del trámite.

México puede reclamar gastos incurridos en la preparación preventiva enfocada a la aparición del petróleo sobre o dentro de las aguas, propiedades, estuarios, fondo marino, flora y fauna marina, playas, litorales, costas, pantanos y otros recursos naturales y económicos de los cuales sean responsables los estados en virtud de fideicomisos, convenios y concesiones”, entre muchos otros. El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad en el pleno.