México D.F. Domingo 4 de abril de 2004
Especialistas de la UNAM
Urgente, concretar una reforma al sistema de justicia
Ante la impunidad, falta de respeto a los derechos básicos del ciudadano y bajos niveles de credibilidad de juzgadores e instituciones judiciales es "urgente" concretar una reforma al sistema de impartición y procuración de justicia, pues bajo las condiciones actuales "no es posible ni creíble" que ésta funcione en México, aseguraron especialistas en derecho constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La iniciativa de reforma al Poder Judicial presentada por el gobierno federal, agregaron, abre la posibilidad de iniciar un debate postergado por mucho tiempo y "acabar con un retraso de más de 20 años en la modernización de los aparatos de justicia en el país".
José Antonio Caballero Juárez, especialista en administración de justicia y derecho constitucional, afirmó que dicha propuesta requiere de un análisis "ponderado", pues como cualquier iniciativa "es perfectible y requiere de un debate en el que se presenten argumentos sólidos, alejados de banderas políticas que contaminen su análisis".
En entrevista por separado, Miguel Carbonell Sánchez, especialista en derecho constitucional e investigador del IIJ, afirmó que es necesario que dicho análisis se realice "con visión de Estado, porque la impartición de justicia no puede ser un tema partidista, ya que tener buenos jueces, juicios rápidos y transparentes beneficia a la sociedad en su conjunto y no a un determinado gobierno o partido".
Consideró que, si bien la propuesta contiene aspectos positivos y negativos "que deberán ser sometidos a discusión", tanto legisladores como la sociedad en su conjunto "debemos impulsar, como signo de madurez política, un profundo análisis que concrete en un tiempo relativamente corto una reforma no sólo urgente, sino indispensable, para consolidar el estado de derecho".
Ambos investigadores señalaron que entre los avances más importantes incluidos en la iniciativa destaca la autonomía otorgada al Ministerio Público y la presunción de inocencia, "demandas que desde hace mucho tiempo se han venido impulsando".
Sin embargo, reconocieron que propuestas como la creación de una "supersecretaría" que concentre todas las fuerzas policiacas deberán ser discutidas "con mucha cautela", así como el principio de oportunidad en el proceso penal, pues se corre el riesgo, en materia de delincuencia organizada, "de crear un subsistema penal para atender estos delitos, lo que representaría un riesgo muy grave". LAURA POY SOLANO |