Mexicali, BC. El gobierno de Baja California fue requerido por la Auditoría Superior de la Federación para aclarar el destino de 187 millones 600 mil pesos del Programa de Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social en 2021.

Durante la gestión de Alonso Pérez Rico al frente de la Secretaría de Salud del gobierno de Jaime Bonilla, el Sector Salud de Baja California no se sujetó a auditorías internas de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública ni de despachos externos para revisar los principales procesos sustantivos y adjetivos, de acuerdo a los resultados de auditorías de la Cuenta Pública 2021 de la ASF.

El “Doctor Querendón”, apelativo impuesto por el propio Bonilla Valdez, buscó ser delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California, en sustitución de Desireé Sagarnaga Durante, pero en un primer intento reprobó las evaluaciones para obtener ese cargo por oposición y en un segundo intento se ubicó a media tabla de los postulantes. Mientras tanto, permanece en su plaza de base sin actividad al encontrarse comisionado en la organización sindical de trabajadores del IMSS.

De hecho, Baja California es una de las cuatro entidades del país con mayores montos por aclarar de la Secretaría de Salud, en el ejercicio fiscal 2021, correspondiente del primer año de dos del empresario Jaime Bonilla. Las otras tres son Hidalgo con 522 millones 900 mil pesos, Tamaulipas con 402 millones 400 mil pesos y Coahuila con 207 millones 800 mil pesos que representan el 81.4 por ciento de los montos por aclarar a nivel nacional.

La Auditoría Superior de la Federación señaló que es fundamental instrumentar medidas que fortalezcan el control de la gestión de los recursos de este programa federal a efecto de lograr la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social. Para ello, el INSABI celebró un acuerdo de coordinación con el gobierno de Bonilla consistente en la aportación federal 1 mil 016 millones 800 mil pesos y la aportación solidaria estatal de 578 millones 800 mil pesos, los cuales se transfirieron para la operación de este programa.

Sin embargo, el reporte del indicador “monto por aclarar/muestra auditada” de Baja California fue de 33.2 por ciento, mientras que a nivel nacional es de 4.3 por ciento. En otras palabras, quedó pendiente de aclarar uno de cada tres pesos que se le entregaron al doctor Pérez Rico para atender la salud y proporcionar medicinas gratuitas a los bajacalifornianos que carecen de seguridad social.

En esa gestión también se detectaron errores y omisiones de la información financiera, de acuerdo al máximo órgano de fiscalización de México.

Opacidad y otras debilidades

En cuanto a la supervisión del ejercicio de fondos federales, e Gobierno de Baja California no realizó auditoría alguna a la Secretaría de Salud ni al Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISESALUD) sobre sus principales procesos durante 2021, además que omitió elaborar un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas y, por ende, no dio seguimiento para verificar que las deficiencias se solucionaran de manera oportuna.

Es una de las debilidades encontradas en la Auditoría 424 de Cumplimiento 2021-A-02000-19-0424-2022 Modalidad que se hizo de manera presencial para revisar el uso y destino del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del gobierno de Baja California.

Otras debilidades es que no cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones en el que participaran funcionarios, personal del área de tecnología y representantes de las áreas usuarias, así como carece de un programa de adquisiciones de equipos y software, ni realizó un inventario de aplicaciones, licencias y contratos de funcionamiento y mantenimiento de equipos tecnológicos.

Tampoco implementó políticas o lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones por lo que no se establecieron claves de acceso a los sistemas, programas y datos, detectores y defensas contra accesos no autorizados. No cuenta con un plan de recuperación en caso de desastres y de continuidad de las operaciones para los sistemas informáticos que incluya hardware y software críticos, personal y espacios físicos. En el rubro de información y comunicación se carece de un programa de sistemas que apoye los procesos para el cumplimiento de sus objetivos establecidos.

La ASF recomendó a la administración estatal que establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y revise cada una de las áreas susceptibles de ello, considere la instauración de Comité de Tecnologías de la Información, implemente programas para resolver problemáticas detectadas y realice auditorías para la supervisión constante, además de cumplir las obligaciones y funciones en el Manual del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública, entre otros asuntos.

En el Acta de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, los auditores federales enfatizaron que se analizó el control interno de ISESALUD), entidad ejecutora de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), donde detectaron estrategias y mecanismos de control sobre algunas actividades pero “no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan establecer un sistema de control interno consolidado”, según la recomendación 2021-A-02000-19-0424-01-001.