Como parte de su estrategia legal en contra del tráfico ilícito de armas, México presentó el escrito de apelación en contra de la sentencia de la Corte Distrital de Boston, la cual rechazó la primera acción civil del gobierno de México en contra de empresas manufactureras de armas en los Estados Unidos.

Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, al señalar que en dicha apelación se insistirá que la ley estadunidense que otorga inmunidades a quienes fabrican y comercian armas no tiene efectos sobre daños causados en territorio mexicano.

Mediante un comunicado, la dependencia federal informó que con este recurso, México solicita que se analice si la decisión de la Corte de Distrito de Boston se apegó a derecho, en particular lo relativo a la no aplicabilidad de las leyes de inmunidad de Estados Unidos cuando hay un uso criminal de las armas y un consiguiente daño en suelo mexicano.

Asimismo, señaló que el escrito de apelación en contra de la sentencia emitida por la Corte de Distrito de Boston, Massachusetts se presentó porque en esa resolución de primera instancia, el juez federal determinó que una ley de inmunidades en Estados Unidos protege a las empresas manufactureras de armas en ese país, pese a que sus conductas causen un daño en México.

Recordó que en agosto de 2021, el gobierno de México presentó una demanda civil por daños en contra de empresas que fabrican armas en Estados Unidos, por su descuido y negligencia que facilita activamente que sus armas de México sean traficadas a nuestro país.

Este litigio se detuvo cuando el juez de primera instancia determinó que la ley de inmunidades denominada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) sí protegía a las empresas demandadas aun cuando el daño causado por su descuido y negligencia ocurre en territorio mexicano. La apelación fue presentada en la Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos, con sede en Boston, Massachusetts.

“Como se recordará, el juez de Distrito resolvió que no daría curso a la demanda hasta septiembre de 2022. Desde el 26 de octubre de 2022, fecha en la que se realizó la solicitud de apelación, el Gobierno de México ha estado ahondando los argumentos legales con el fin de que el procedimiento judicial persista”, detalló en el comunicado.

El 10 de octubre de 2022 se presentó una segunda demanda ante la Corte Federal de Distrito de Tucson en contra de tiendas que comercian de manera negligente y el 11 de noviembre de 2022, también solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva con relación al comercio de armas y su impacto en los derechos humanos.

“Con todas estas aristas, desde el ámbito jurídico, el gobierno de México busca involucrar a un actor que hasta ahora no estaba contemplado en la lucha contra el tráfico de armas: las empresas”, subraya la Cancillería mexicana tras añadir que existe una correlación entre las prácticas negligentes de las empresas y el tráfico de armas que desemboca en la violencia en México, así como en otros delitos “como son el tráfico de personas y de drogas, en particular, del fentanilo”.