Familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos en 2007, denunciaron que la Secretaría de la Defensa (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) han incumplido con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para investigar el paradero de ambos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y tomar medidas de reparación del daño causado.

Sandino Rivera, abogado de las familias de las víctimas, señaló que en su sentencia, emitida el 10 de agosto pasado, la SCJN dio a las autoridades un plazo de 30 días naturales, a partir de la notificación, para dar cumplimiento con las primeras medidas, y que este término se cumplió el 5 de noviembre.

Nadine Reyes, hija de Edmundo Reyes, señaló por ejemplo, que la Sedena tendría que haber publicado en un diario de circulación nacional la sentencia de la SCJN, y dar a conocer la versión pública de la investigación del caso, que tiene en total 45 tomos, de los cuales únicamente ha subido 3 a su sitio de internet.

Añadió que el gobierno de Oaxaca también tendría que haber publicado un extracto de la resolución del máximo tribunal, mientras que la CEAV estaba obligada a inscribir a los familiares de los desaparecidos en el registro nacional de víctimas, para garantizar su derecho a tener atención médica y sicológica.

Sandino Rivera aseguró por su parte que, aunque la FGR se lo ha requerido en dos ocasiones, la Sedena no ha entregado una lista con los nombres de los mandos militares desplegados en el ciudad de Oaxaca, el día que Reyes Amaya y Cruz Sánchez fueron desaparecidos, para llamarlos a declarar por su posible participación en este delito.

El abogado señalo que por, todo ello, promovieron el recurso de incumplimiento de sentencia ante el juzgado cuarto de distrito en materia penal, quien a su vez deberá dar parte a un tribunal colegiado y remitir la queja hasta la SCJN, quien podría señalar la responsabilidad de funcionarios de Sedena, FGR y la CEAV en el incumplimiento de la sentencia, y sancionarlos incluso con la separación de su cargo.

La única parte de la sentencia de la SCJN que se cumplió es la creación de la Comisión Especial de Búsqueda para este caso, en donde participan funcionarios de la Sedena, FGR y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), además de familiares y abogados de las víctimas, así como representantes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, ambas de las Naciones Unidas.

Esta comisión especial tendrá su primera sesión este jueves, Nadine Reyes pidió que el gobierno federal designe para esta instancia a personas con capacidad de decisión, que planteen un plan de búsqueda serio e integral.