La asociación civil Reinserta celebró que, dentro del dictamen aprobado en la Cámara de Diputados para modificar diversas disposiciones en la Ley Nacional de Ejecución Penal en materia de mujeres privadas de la libertad con sus hijas e hijos, se hayan tomado mejores condiciones para los menores.
No obstante, lamentó que en los centros penitenciarios siguen sin contar con las condiciones para albergar a este sector infantil en un ambiente libre de violencia. Indicó que, de acuerdo con el Diagnóstico de Maternidad en México, hay casi 13 mil mujeres en prisión y alrededor de 500 menores de edad con sus madres en la cárcel.
Reiteró que es urgente obligar a las autoridades a contar con espacios libres de violencia, así como estandarizar el acompañamiento paulatino en la separación de sus madres y la prevención del trauma.
Consideró un acierto que esté regulada la presencia de médicos especialistas en pediatría para atender a los infantes; sin embargo, hicieron un llamado a las autoridades a que, a la par que contratan estos especialistas, cuenten con los medicamentos necesarios para que los menores puedan ejercer su derecho a la salud de manera integral.
“Invitamos a que, poniendo como pauta el bien superior del menor, se cumpla cabalmente con la separación de las madres de sus hijos de manera paulatina y sensible cuando llegue a la edad máxima permitida a través de talleres de acompañamiento.
“Hacemos un llamado a las y los integrantes del Poder Legislativo para que incluyan las regulaciones pertinentes a fin de contar con partidas presupuestarias en los diversos fondos federales y locales con recursos económicos destinados a la creación, adecuación y manutención de espacios libres de violencia que permitan el desarrollo de las niñas y niños, y el ejercicio de una parentalidad positiva.”
Reinserta agregó que es urgente que la Secretaría de Educación Pública establezca centros de desarrollo infantil para que los niños dentro de prisión no se vean afectados en cuanto al desarrollo y acceso a su derecho a la educación.
“Consideramos que la impartición de justicia con perspectiva de género es una herramienta más con la que cuenta el Estado para alcanzar una verdadera justicia social y para cambiar la cruenta realidad de las mujeres en prisión y sus hijos, vivan o no dentro de los reclusorios con ellas.”
