Santiago. Chile arriba al tercer aniversario del estallido social del 18 de octubre de 2019, con idénticas carencias a las que dieron origen a la más grave crisis social y política del país desde el retorno de la democracia hace 30 años, todas pendientes de resolver e incluso agravadas por las secuelas económicas de la pandemia del Covid-19.

Peor aún, a lo anterior se le suman el auge de la delincuencia, severos déficit en seguridad pública en las grandes ciudades y en la "macrozona sur", donde se escenifica el conflicto entre los mapuche y el Estado chileno, con inacabables hechos de violencia; mientras que en la "macrozona norte", limítrofe con Perú y Bolivia, se sucede una incontrolable crisis migratoria por el ingreso ilegal de decenas y cientos de personas cada día, principalmente provenientes de Venezuela.

Todo ese panorama, más el asedio incesante de la oposición derechista, la inexperiencia y errores no forzados del nuevo gobierno, han degastado aceleradamente la presidencia de Gabriel Boric, cuya aprobación cayó desde 56 a 30 por ciento desde que asumió en marzo pasado.

"Ante la arremetida de sectores conservadores que pretenden hacernos creer de que nada pasó, quiero decirles que las demandas y ese malestar de fondo que expresó el pueblo de Chile a propósito del estallido, es algo que sigue vigente y de lo cual seguimos teniendo que hacernos cargo", dijo hoy el presidente en la ciudad de Quillota, 120 kilómetros al noroeste de Santiago, donde inauguraba un hospital.

"Esas urgencias en pensiones, esas urgencias en salud. Tenemos que ser capaces de tomarlas y hacer mejores políticas públicas, no basta con discursos grandilocuentes en esto, necesitamos ejemplos como este, como el nuevo hospital de Quillota. Creo que esa es la línea en la que tenemos que trabajar", recalcó.

Demandas siguen latentes

Claudio Fuentes, doctor en ciencia política, dice que en la sociedad chilena siguen latentes las demandas sociales, "particularmente en algunos temas críticos como la reforma a los sistemas de pensiones de salud, mejorar las condiciones de vida y reducir el abuso de los grupos empresariales".

Respecto de si es probable otro estallido social, Fuentes responde que "lo veo difícil porque los estudios muestran un cierto cansancio respecto de la protesta, estamos en otro momento, con mayor crisis económica, desempleo, pobreza y eso genera una prioridad social más centrada en la búsqueda de trabajo, de resolver el día a día".

Y además porque "las opciones que se han dado, como la constituyente y otras, frustraron las expectativas ciudadanas, no hubo una solución política al problema y causó cansancio por la intensidad de los ciclos electorales y sociales, por tanto creo difícil que exista un nuevo estallido".

Protestas habrá, precisa, pero estima que no será el mismo ciclo que en 2019 tuvo por varios meses a la gente protestando, sino de una menor intensidad.

Una encuesta conocida hoy, de la consultora Criteria y el Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales, señala que el 79 por ciento de los encuestados favorece la idea de cambiar la Constitución y solo un 21 por ciento se inclina por no cambiarla. Además, que el 41 por ciento se inclina por una Convención mixta, mitad electa por la ciudadanía y mitad de expertos propuestos por el Congreso; un 34 por ciento prefiere una Convención enteramente electa por la ciudadanía y un 25 por ciento se inclina por una entidad que solo involucre expertos seleccionados por el Congreso.