Ciudad de México. La empresa Gamkov Desarrollos vende en forma fraudulenta terrenos de la comunidad maya de Ixil, donde se encuentra selva, colinda con zonas de manglar y tiene un alto valor ecológico, señalaron representantes del pueblo, mientras se realiza en Mérida la 29 sesión del Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) entre los ministros de Medio Ambiente de México, Estados Unidos y Canadá.

Jorge Yam Ek, integrante de la comunidad Ixil, señaló que se presentó la denuncia el 12 de julio ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tiene como fin que se investigue al desarrollo inmobiliario Aludra, planeado en tierras ejidales de la comunidad.

El área donde está planeado tiene “selva caducifolia colindante con ecosistemas amenazados y protegidos, como el calichal, la sabana yucateca, el manglar y la ciénaga. Está en el área de influencia de la Reserva Estatal Ciénagas y Manglares, y está designada para fines de conservación dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero de Yucatán. La intención de la denuncia es evitar la destrucción de la selva, y preservar de este modo también la salud de los ecosistemas”, sostuvo Alejandra Kantún Chim, otra de las denunciantes.

En la denuncia representantes de la comunidad advirtieron que su página de Internet la empresa afirma que ha vendido casi todos los 319 lotes de la primera etapa y está vendiendo otros 349 lotes de la segunda etapa del desarrollo. Advirtieron que se trata de un despojo ya que son tierras ejidales y además la intención es construir una nueva ciudad en medio de la selva, en un área sin infraestructura ni servicios, señalaron.

Mercedes Cocom Noriega recordó que ya “hemos detenido la privatización ilegal de más de 5 mil 300 hectáreas de tierras ejidales de uso común, evitamos la apropiación de terrenos nacionales de nuestro territorio por intereses empresariales, y frustramos la instalación de dos megaproyectos energéticos. Nuestra asamblea comunitaria está planteando un modelo de desarrollo basado en la conservación, restauración y uso sustentable de nuestros ecosistemas, por lo que vamos a evitar su destrucción por intereses ajenos a la comunidad.”

A su vez, Sergio Oceransky, de la Fundación Yansa, aseveró que el proyecto “es ejemplo de un modelo de desarrollo urbanístico irracional y destructivo que afecta a muchas comunidades de la Península, especialmente en los municipios costeros. Se están vendiendo lotes en numerosas áreas donde el Ordenamiento Ecológico vigente no permite construir, a menudo en tierras de propiedad social ilegalmente privatizadas”.