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Política

2022-07-03 21:31

Segunda orden de aprehensión contra ex funcionario de PGR por caso Ayotzinapa

Gualberto Ramírez en imagen de archivo.
Gualberto Ramírez en imagen de archivo. Foto Cuartoscuro

Ciudad de México. Gualberto Ramírez Gutiérrez, quien fue el primer funcionario de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) encargado de la investigación del caso Ayotzinapa, recibió una segunda orden de aprehensión en su contra, ahora por las acusaciones de torturar a Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, uno de los supuestos implicados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, en septiembre de 2014.

El ex funcionario es uno de los coacusados por estos hechos, cuya principal responsabilidad recaería en Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), según la carpeta de investigación del caso.

Ramírez Gutiérrez se desempeñaba como titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR cuando estuvo presente en un interrogatorio llevado a cabo por Zerón de Lucio, donde se habría torturado a Rodríguez Salgado, señalado como integrante del grupo delincuencial Guerreros Unidos, para que se confesara responsable de la desaparición de los normalistas.

El interrogatorio fue grabado en un video que fue dado a conocer en julio de 2020, donde el ex jefe de la AIC advierte Rodríguez Salgado: ““A la primera mamada te mato güey”, mientras el presunto implicado aparece esposado a una silla, con la cabeza cubierta por una camisa y sin poder hablar bien.

Por estos hechos se libró orden de aprehensión contra Zerón de Lucio desde hace dos años, y ahora también contra Ramírez Gutiérrez, confirmaron fuentes allegadas al caso.

La detención fue autorizada por el juez de control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, por los delitos de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos.

Ramírez Gutiérrez ya tiene otra orden de aprehensión en su contra, librada a principios de esta año, por la presunta manipulación de indicios para acusar a Ana Patricia Moller Vuilleumier de narcotráfico, y favorecer así a su ex pareja, con quien litiga su divorcio.

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